SALTA (Redacción) – En otro caso exprés, la justicia federal de Salta logró el lunes pasado una condena en poco más de un mes desde que se inició la causa. Esta vez fue por el delito de trata de personas y recayó sobre los dueños de un conocido prostíbulo de la zona del Bajo, inmueble que fue decomisado y que podría convertirse en una dependencia policial.
A poco más de un mes de la formalización de la acusación, el lunes pasado el juez federal de Garantías, Miguel Medina condenó a Rita Luna y Josue Ballón, dueños de un prostíbulo en el que más de una decena de mujeres eran explotadas sexualmente a fin de reunir una determinada suma de dinero que, cada semana, era retirada por los acusados.
El caso se inició el 9 de diciembre pasado, cuando el fiscal federal, Eduardo Villalba formalizó la acusación en contra de Luna y Ballón, quienes habían sido detenidos en el marco de una investigación por el delito de trata de personas que lleva adelante la fiscalía y que, por el momento, tiene a otras tres mujeres imputadas bajo el mismo cargo, las que esperan su turno para responder ante la justicia..
El lunes pasado, al abrirse la audiencia, la fiscalía ratificó la acusación y posteriormente se arribó a un acuerdo pleno entre las partes, el que derivó en la condena de ambos acusados, la imposición de multas y el decomiso de la vivienda que era utilizada como prostíbulo, ubicada sobre calle Astigueta al 600, en la esquina con Damián Torino.
La condena se dictó en el marco de un juicio abreviado y a pedido de la fiscalía, la que requirió una pena de 4 años y 6 meses de prisión para Luna y de 3 años de prisión de ejecución condicional para Ballón. Asimismo, se impuso multas de 50.000 y 20.000 pesos respectivamente, según lo establecido por Ley para este tipo de delitos, considerados de trascendencia internacional.
Conforme lo establece el art. 23 del Código Penal (según ley 26.842) y art. 310 del CPPF, y la Resolución PGN N° 99/09 que instruye la solicitud como medida cautelar la afectación del o los inmuebles donde se ejerciere las actividades ilícitas, Villalba requirió al magistrado el decomiso del inmueble utilizado como prostíbulo por los acusados, lo que fue concedido por el juez.
De una sola planta, el inmueble está ubicado en la calle Astigueta 612, a menos de 10 minutos del centro y en el corazón del Bajo. Respecto al destino de esta vivienda, según lo informado, se evalúa la posibilidad de que la misma quede bajo el ámbito de la Provincia para ser utilizada como base de una dependencia policial.
Sobre el caso, Villalba destacó el breve lapso en que se resolvió el proceso, como así también el decomiso de la vivienda. “Estamos muy satisfechos, pues el nuevo código continúa dando evidencias de su eficacia para resolver esta clase de conflictos. Además, con esta condena hemos podido dar respuestas concretas al compromiso internacional asumido por el estado argentino en la lucha contra este delito trasnacional que atenta contra la dignidad de los seres humanos”, indicó el fiscal.
Investigación
Las pesquisas de la fiscalía se iniciaron el 30 de octubre de 2019 y estuvieron a cargo de la División Trata de Personas de la Policía de Salta, cuyos efectivos realizaron numerosas tareas de inteligencias. Asimismo, se ordenaron intervenciones telefónicas. Todo ello derivó en una serie de allanamientos realizados el 29 de noviembre pasado, oportunidad en la que fueron detenidas tres mujeres y se secuestró numerosos elementos de prueba.
Según el fiscal, también participó de la investigación la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX), a cargo del fiscal, Marcelo Colombo. Por otra parte, resaltó la colaboración de las profesionales del Ministerio Público que acompañaron al equipo de la fiscalía en los allanamientos realizados, ya que su tarea fue clave para brindarles asistencia psicológica a las víctimas.
El éxito de la investigación llevo a la fiscalía a avanzar contra los propietarios del prostíbulo, ahora decomisado. “La intención de esta fiscalía es llegar a ambos extremos de la cadena de este delito”, había sostenido Villalba al formalizar la investigación en contra de los dueños del inmueble, quienes fueron los primeros en ser detenidos y encausados en Salta por este tipo de delito.
“Tengo por probado con el grado de certeza que los acusados acogieron a un indeterminado número de personas en el inmueble de su propiedad, con la finalidad de explotar sexualmente a seres humanos, y procurarse sumas de dinero que eran recaudadas por ellos mismos, al menos una vez por semana”, sostuvo el fiscal al ratificar la acusación.
Al referirse a las pruebas, Villalba resaltó lo declarado por las tres acusadas detenidas en los allanamientos, las que indicaron que todas las semanas debían reunir una determinada suma de dinero (6.000 pesos), suma que era exigida por los dueños del inmueble de calle Astigueta. En una de las escuchas telefónicas, una encargada de la entrega del dinero a los acusados se comunicó con Luna a fin de disculparse porque no habían podido reunir la cantidad exigida. El siguiente es un extracto de ese dialogo:
X: “Buen día doña R.L x favor si puede pasar el martes por el alquiler no llegue a reunir su plata mil disculpas”
R.L.: “umm estoy necesitando ¿qué paso?, “Habíamos quedado los domingos”
X: “Si pero ud sabe cómo es este trabajo doña y yo prácticamente estoy sola y ud lo save no hay ni gente siquiera es x eso”
R.L.: “bueno… paso el martes no hay problema”.
Por otra parte, mencionó otras pruebas que lo llevaron a mantener la imputación, entre ellas secuestros de documentación, teléfonos celulares, miles de preservativos, gel y otros juguetes sexuales secuestrados. “Este Ministerio Público Fiscal tiene por probada la responsabilidad y participación de los acusados”, dijo.
En base a toda la carga probatoria reunida, el fiscal sostuvo que ballón debía responder por el delito de partícipe secundario del delito de trata de personas con fines de explotación sexual, figura prevista y reprimida en el art. 145 bis del Código Penal, mientras que su pareja debía hacerlo en carácter de autora del mismo delito.
Villalba afirmó que ambos acusados “explotaron sexualmente en la vivienda de mención a mujeres mayores de edad, con la finalidad de obtener un beneficio económico por dicha actividad ilícita”. Agrego que “toda la prueba reseñada, nos lleva a sostener que los acusados acogían en su vivienda victimas mujeres mayores de edad, con la finalidad de ser explotadas, aprovechando sus necesidades económicas que las tornaban vulnerables, bajo la amenaza de ser desalojadas, por lo que debían continuar manteniendo relaciones sexuales rentadas con hombres que se acercaban a la vivienda, de las que los nombrados tenían conocimiento, control y percibían por ello un beneficio económico”.
Ayuda a las víctimas
Ante la fuerte acusación sostenida por las pruebas presentadas por la fiscalía ante el juez, la defensa de Luna y Ballón accedió a una resolución de conflicto mediante la aplicación de una condena por juicio abreviado. Con el acuerdo pleno de las partes, el juez Medina homologó la sentencia. Cabe señalar que Luna cumplirá la condena bajo la modalidad de prisión domiciliara. Por otra parte, se dispuso que las multas que ambos deberán pagar por un monto total de 70.000 pesos serán destinadas al Fondo de Asistencias a las Víctimas, tal como lo establece la ley.
