SALTA (Redacción) – No todo parece ser color de rosa en el seno del Observatorio de Violencia contra las Mujeres y mucho menos, cuando se trata de manejo de poder. Esto, al menos, se advierte del reciente conflicto surgido a partir de la presentación de un recurso de amparo por parte de la fundación Tomar Acción, la que casualmente integra el directorio de este organismo de control.
La presentación judicial fue formalizada el 3 de enero pasado por la abogada María Antonieta Plaza Díaz, lo que agregó un condimento extra al episodio debido a que la misma participó del concurso ahora cuestionado, pero su performance no le alcanzó siquiera para aparecer en la orden de mérito, con el agravante de que la fundación que representó avaló el resultado del concurso.
El 3 de diciembre pasado, y tal como lo establece su estatuto, el Observatorio llevo adelante el concurso correspondiente para el cargo de directora, proceso de selección que dejó un podio compuesto por Cari, representante del Foro de Mujeres por la igualdad de Oportunidades; Verónica Bisdorff, por la Multisectorial de Mujeres y Jacqueline Mannof, por la organización Minga Colectiva.
De esta orden de mérito, resultó ganadora Cari quien se ubicó en el primer lugar con 14 puntos mientras sus competidoras alcanzaron los 10 y 8 puntos respectivamente. Este resultado fue convalidado por todas las organizaciones que conforman el Observatorio, por lo que todo parecía indicar que la renovación de autoridades dentro del organismo seria solo un trámite.
Sin embargo, la primera semana de enero Plaza Díaz sorprendió con una presentación judicial, la cual tiene como objetivo declarar la nulidad del concurso celebrado en diciembre pasado. El recurso de amparo, según lo informado por la fundación Tomar Acción, fue interpuesto ante el juez Marcelo Domínguez, de la Sala III de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial.
Este magistrado, al que últimamente acuden numerosas organizaciones civiles y ciudadanos en busca de amparo, resolvió en los últimos días remitir el asunto planteado a la Procuración General en el entendimiento de que la acción de amparo involucra intereses generales de la sociedad. En este caso, se trata de la ocupación de un cargo que busca erradicar la violencia de género.
Ahora, la situación será analizada por el Ministerio Público, el que deberá pronunciarse al respecto. Cabe señalar que la Procuración posee un organismo propio de control de violencia contra la mujer, por lo que se espera un dictamen determinante en cuanto a este conflicto, aunque no concluyente. La última palabra la tendrá el juez Domínguez.
Cuestionamientos
El triunfo de Cari recibió tres impugnaciones, una de ellas derivó en la presentación del amparo colectivo por parte de Tomar Acción, a través del cual dicha entidad pidió “la nulidad del concurso de antecedentes llevado adelante por las organizaciones que trabajan en la prevención y erradicación de la violencia de género; para integrar por medio de sus representantes el Observatorio de Violencia de Género de la Provincia”.
Por otra parte, la presidenta de Tomar Acción sostuvo que “hay material que incumbe el abocamiento del Procurador. Eso es a raíz de las denuncias penales”. En vista de ello, Plaza Díaz señaló haber remitido una nota a la Procuración a fin de que se investigue la existencia de denuncias en contra de Cari y, en su defecto, el curso de las mismas.
La abogada explicó que a los días posteriores al concurso comenzó a circular en diversos grupos de whatsapp, una supuesta denuncia penal de 2016 contra Cari, la que estaría caratulada como administración fraudulenta y habría sido realizada por Nilda Laura Romano, quien fuera secretaria del Foro en 2015.
“Esperamos que el procurador proceda a indagar sobre las (denuncias penales) y profundizar las líneas de investigación que fueron llevadas a cabo para finalmente dilucidar la responsabilidad que pudiera caber a las personas en mención”. Asimismo, la fundación pidió informes «sobre el alcance de la representación que actualmente tiene el Foro de Mujeres frente al Proyecto Spotlight en el marco del convenio de colaboración celebrado con el Ejecutivo Provincial”.
Sobre el concurso, se cuestionaron los criterios que tuvo el jurado durante el proceso de evaluación y “el valor” que se les dio a los antecedentes. “Para participar se tenía que presentar los antecedentes y hasta donde sé (Cari) muestra antecedentes nacionales y no provinciales. Si estos antecedentes existen, qué valor le dio el jurado para que Cari logre un primer puesto. ¿Dónde se ha visto que habiendo otras concursantes sin antecedentes solamente se sopesa la experiencia laboral?”, cuestionó.
En contrapartida a estos cuestionamientos, fuentes judiciales informaron que la denuncia aludida por la abogada no habría prosperado, incluso ni siquiera se citó a la denunciada. Trascendió que quedó desestimada de oficio y archivada.
El Observatorio, cabe indicar, fue creado mediante ley y en su artículo 4 establece que este órgano estará compuesto por directoras en representación de diversos espacios, como la Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, Poder Judicial, Universidad Nacional de Salta y por las organizaciones sociales.
Son las organizaciones sociales quiénes se encuentran legitimadas para establecer las bases y condiciones del concurso. En ese marco, consensuaron que para presentarse a concurso público para cubrir el cargo de directora en representación de dichas organizaciones no era condición excluyente contar con título universitario, para posibilitar así que mujeres con militancia territorial pero sin estudios superiores puedan acceder a lugares de toma de decisión.
Descargo
“Me anoticié de la existencia de la acción de amparo por un medio de comunicación, por esa razón es que me presentaré en la justicia a fin de realizar las actuaciones pertinentes”, señaló Cari mediante un comunicado en el que agregó que el planteo judicial “no resiste el análisis de que pretenda anular un concurso del cual ellas mismas participaron y legitimaron con su presencia. Si el puntaje hubiera sido favorable a estas, difícilmente estarían pidiendo su anulación”.
“Algunas mujeres que participaron del concurso y no fueron seleccionadas pretenden su anulación, entre ellas Plaza Díaz”, afirmó. A la vez, aseguró sentirse discriminada por sus orígenes diaguitas, chorotes y guaraníes y que es víctima de un abuso de poder que arremete directamente contra su persona y su forma de comunicarse. Además, agregó que Plaza Díaz utilizó lenguaje de tinte machista para referirse a las anteriores directoras del observatorio, considerando que accedieron a ese cargo por «ser la esposa de». Sin embargo, la abogada nunca se refirió a la idoneidad o falta de idoneidad de algunas ellas.
Por otra parte, indicó que es contrario a la lógica, que la Multisectorial de Mujeres y la Fundación Tomar acción que participaron el concurso, pretendan con presentación de impugnaciones anular un concurso que se realizó de manera transparente sólo porque no compartan los resultados. Tampoco han sido capaces de presentar siquiera un argumento válido digno de tenerse en cuenta, sostuvo.
Conforme surge de la impugnación presentada por Marta César, la tacha de inhabilidad moral al jurado surge de una lectura antojadiza, maliciosa y divorciada de la realidad de una noticia periodística elaborada por una de los jurados en su calidad de periodista. Por último, resaltó que así como hubo impugnaciones -todas infundadas-, también hubo muchas adhesiones de otras organizaciones sociales feministas hacia el resultado del concurso público.
“La pretensión particular e infundada de no haber resultado ganadoras por parte de la Multisectorial de Mujeres y de la Fundación Tomar Acción no puede primar por sobre las decenas de organizaciones de mujeres que me avalan y dieron sus firmas enviadas al Observatorio y al Ministerio de Derechos Humanos”, señaló Cari en distintos comunicados sobre este conflicto.
