SALTA (Redacción) – El femicidio de Rosa Sulca sigue dando que hablar, y aún más con las novedades que se registraron en las últimas horas. Tras las últimas imputaciones que vulneran a funcionarios y policías involucrados en este icónico caso, los fiscales penales Verónica Simesen de Bielke y Pablo Rivero, de Unidad Fiscal Especial, imputaron preventivamente a distintos funcionarios. Estas acciones, dejan al descubierto nuevamente, las fisuras del sistema policial en la Provincia.
Los motivos principales que aducen las autoridades son los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y abandono de persona seguido de muerte. En todos los casos, los fiscales penales consideraron que los imputados omitieron dar cumplimiento a sus distintas obligaciones. Por ello, esto llevó a la muerte evitable de la docente Rosa del Milagro Sulca.
En este marco, las imputaciones recayeron sobre el operador de Demanda Ciudadana, Pablo Ezequiel Bisón Enríquez; el supervisor de Demanda Ciudadana, Marcelo Rubén Tintilay Cordeyro; el despachante policial Héctor Roberto Herrera; el jefe de Despacho de Emergencias Policiales, Gustavo González, y el supervisor de Despacho, Normando Domingo Corbera.
De pies a cabeza
El operador de Demanda Ciudadana, Pablo Ezequiel Bisón Enríquez, de 30 años, fue quien atendió el llamado de auxilio de Rosa Sulca. En su caso, fue imputado ya que consideran que faltó a su calidad de agente integrante del Sistema de Emergencias 911 y a las previsiones del artículo 77 del Código Penal. Precisamente, omitió dar la importancia que revestía la llamada de clara de emergencia. Con una conducta omisiva, puso en peligro concreto la vida de una persona al no desplegar una conducta activa que pudo evitar el resultado lesivo.
Mientras tanto, el supervisor de Demanda Ciudadana, Marcelo Rubén Tintilay Cordeyro, de 34 años, fue imputado por los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y abandono de persona seguido de muerte. El mismo se encontraba a cargo del contralor de las actividades llevadas a cabo por el operador. Las autoridades entienden que éste se retiró de su puesto de trabajo por un lapso de 30 minutos sin que otra persona supervisara las actividades.
Paralelamente, el despachante policial, Héctor Roberto Herrera, de 45 años, fue imputado por incumplimiento de los deberes de funcionario público en concurso real. Explicaron que el mismo, no informo al Jefe de turno y al Supervisor sobre la emergencia en la cual una persona solicitaba auxilio. Recordemos que desde su rol, Herrera fue la persona que tuvo contacto directo con los recursos de calle y no dio cumplimiento a las previsiones legales.
Más cabos sueltos
A esta lista, se suma el jefe de Despacho de Emergencias Policiales, Gustavo González, de 41 años. Revelaron, que el mismo omitió dar cumplimiento a sus funciones al no haber asignado otros recursos para verificar un incidente de tal magnitud. De hecho, el mismo contaba con la posibilidad cierta de escuchar el audio para tomar una decisión acorde a los hechos que estaban sucediendo.
Finalmente, el supervisor de Despacho, Normando Domingo Corbera, de 42 años, también fue imputado. A pesar de haber consignado una situación de “pedido de auxilio”, omitió cumplir con lo que dispuesto por el Reglamento Orgánico y Funcional de la Dirección Centro de Coordinación Operativo. Es decir, no asignó otros recursos para verificar un incidente de tal magnitud, aun cuando tuvo a su disposición el audio de la llamada de auxilio.
