SALTA (Redacción) – Tras un allanamiento policial en la Municipalidad de Salta que se desarrollo ayer, terminaron detenidos dos empleadas municipales. Precisamente, se trata de dos mujeres que fueron señaladas como las autoras de varias maniobras de falsificación de documentos y continuarán detenidas. Cabe detallar que se las acusa de truchar firmas y sellos para habilitar comercios y locales de la ciudad de manera ilegal.
Hasta 5.000 pesos por trámite
En este sentido, son dos empleadas del área de Habilitaciones Comerciales de la Municipalidad de Salta quienes quedaron detenidas este martes. Así lo determinaron las autoridades tras el allanamiento a las oficinas de esa repartición en el Centro Cívico Municipal. Cabe recordar que la medida judicial fue dispuesta por la fiscal de Delitos Económicos Complejos, Verónica Simesen de Bielke. Lo realizó por una denuncia de supuestas falsificaciones de sellos y documentación del área de Control Comercial.
Por su parte, en diálogo radial con Profesional FM, Simesen de Bielke explicó que luego del operativo y las detenciones, esperan que concurran a declarar más testigos. Se refirió a aquellas personas que abonaron dinero para que se habilitara un comercio de forma ilegal. De igual forma, reveló que según estimaron que las empleadas municipales habrían cobrado entre $3000 y $5000, para falsificar firmas y sellos. Lo realizaban para convalidar expedientes y acelerar el trámite de habilitación.
En tanto, la fiscal relató que se sorprendió ante la actitud de las empleadas de la Municipalidad cuando empezó el allanamiento. Según estimó podrían haber tenido conocimiento de que se iba a realizar el procedimiento. Además, reconoció que no encontraron toda la documentación que buscaban. Sin embargo, secuestraron dos computadoras, algunos expedientes y sellos. También les secuestraron los teléfonos móviles a las trabajadoras involucradas.
Denuncia por irregularidades
Además, como bien informó este medio, el Procurador de General del municipio, Ramiro Angulo, había señalado los detalles del caso. «El expediente tenía una serie de irregularidades, lo que se hizo fue denunciar esas irregularidades. A partir de ahí actúa la Fiscalía porque es la que es dueña de la acción penal para llevar adelante y el juez Rodríguez Pipino de garantías, que también actúa», describió. «Estoy esperando lo que va a resultar de la causa y de la investigación. Obviamente estamos muy atentos», remarcó.