SALTA (Redacción) – El conflicto de tránsito no da tregua. De un lado y del otro, los cruces se tornan constantes sin alcanzar una solución pacífica. Mientras que la Municipalidad insiste en posicionar a la Policía Vial, los trabajadores de tránsito reclaman que se les restablezcan las facultades para labrar multas y el mejoramiento de los recursos. En este marco, la Fiscalía de delitos económicos procedió a allanar las oficinas de la ex Dirección de Tránsito.
Entre las 10 y 12.30 de la mañana, la Fiscalía de Delitos Económicos a cargo de la fiscal penal Verónica Simesen, procedió a allanar las oficinas de la ex Dirección de Tránsito, llamada hoy Secretaría de Movilidad Ciudadana. El allanamiento es en el marco de la investigación que se realiza por la emisión de licencias “truchas”, donde ya hay 11 detenidos, entre ellos un civil.
Aparentemente la investigación se encontraba demorada debido a la falta de documentación que habría sido requerida por la Fiscalía tiempo atrás. Pudiendo concretar esta instancia, ahora se retiraron cajas con documentación afín que permitirían complementar la investigación paralela. Precisamente, este procedimiento se desarrolló ante la mirada de los empleados que se encuentran de paro y manifestándose en las instalaciones, pidiendo mejores condiciones laborales.
La causa judicial: más de 300 licencias de conducir truchas y una fila de sumarios administrativos
Cabe recordar que recientemente, se dio a conocer la detención de 11 personas involucradas en la emisión de licencias truchas. Según se comunicó, nueve de este total de imputados, eran empleados de la ex Subsecretaría de Tránsito. Los mismos están acusados de asociación ilícita por las irregularidades registradas en el sector. Además, entienden que los sumarios administrativos aplicados son incalculables, dando cuenta de la situación interna que se registró en las oficinas.
En una entrevista brindada a FM Profesional 89.9, la abogada Claudia Benavidez, directora general de Asuntos Jurídicos de esa cartera, se expresó al respecto. La misma fue quien inició la investigación administrativa cuando ingresó a su cargo a fines del 2018. Benavidez detectó la existencia de expedientes truchos cuando realizó una auditoría para poner en orden el organismo oficial.
En declaraciones vertidas por la abogada, dio a conocer que el resultado del estudio realizado, arrojó que se habían emitido 300 licencias de conducir truchas. En esta línea, explicó que el modus operandi era captar ciudadanos que, urgidos por la obtención de las licencias de conducir y a cambio de dinero, lograban obtener turnos con atención inmediata. Asimismo, algunos no rendían los exámenes teóricos ni prácticos.
