SALTA (Redacción) – Si bien la violencia policial no es una problemática exclusiva de la actualidad, en el último tiempo cobró mucha más relevancia. Salta no está exento de esto, ya que cuenta con varias denuncias públicas que dejaron al descubierto el polémico accionar de las fuerzas de seguridad. En ese sentido, la Fiscal de Derechos Humanos, Verónica Simesen, imputó el día de hoy a cuatro efectivos de la Policía de Salta por vejaciones, tras la pérdida de un ojo de un joven.
La fiscal recordó que los efectivos en cuestión participaron de un operativo el 24 de febrero. Durante el procedimiento, usaron armas con bala de goma e hirieron a Luciano Cruz, quien perdió el ojo producto de un impacto de bala. Se trata del sargento Rómulo Segovia, al sargento Pablo Exequiel Toledo, y a los cabos Esteban Zurita y Alfonso Néstor Sánchez, quienes están acusados del delito de vejaciones calificadas en concurso ideal con lesiones graves.
Con respecto a la problemática de la violencia policial, expresó que existen mucha denuncias que «vislumbran que no están preparados para portar armas». Puso de ejemplo al comisario Apolinario Saravio, quien quedó registrado por las cámaras de seguridad mientras realizaba tiros al aire con su arma reglamentaria. Además, destacó que los efectivos deben ser precavidos en el uso del arma.
«Se les dio un poder que no tiene reglas»
Durante una entrevista exclusiva con Salta 4400, la presidenta de la RADHIS, Estefanía Buamscha, declaró que durante la pandemia a la policía «se les dio un poder que no tiene reglas». Esto se vio reflejando en el aumento en el número de casos de violencia policial en el territorio salteño. Ante esto, sostuvo que lo ideal para cambiar esta situación sería realizar un cambio en la estructura institucional de las fuerzas de seguridad.
Por otro lado, explicó que esto tiene que ver con el decreto 255, el cual establece que as fuerzas policiales pueden aplicar penas de arresto por 60 días y multas a quienes incumplan con las medidas durante la cuarentena. Sin embargo, esto desató un polémico accionar de las fuerzas que parecía apuntar específicamente a la represión y no a la prevención. Según Buamscha, el poder que le confiere este decreto debería contar con reglas claras, para evitar la violencia institucional.