SALTA (Redacción) – Si bien los ojos están puestos en la pandemia así como la crisis económica y sanitaria, hay materias pendientes que continúan buscando respuestas más allá del tiempo y el espacio. Se trata de la voz de todos aquellos que ya no están por fuerza de la impunidad. Es el caso del femicidio de la docente Sandra Palomo. La docente fue brutalmente asesinada el 31 de agosto de 2019. Al día de la fecha, la defensa de su familia aseguró que “aún no se conoce siquiera la mecánica del crimen”.
Este lunes, la Justicia confirmó la elevación a juicio de la causa que investiga el brutal femicidio de la docente Sandra Palomo, ocurrido hace más de un año. Sin embargo, la defensa de la familia Palomo considera que, quizás, se trató de una decisión apresurada. En este sentido, sugirieron que existirían algunos elementos probatorios que no habrían sido considerados y, por ende, vitales para las imputaciones de los acusados.
En una entrevista con Radio Profesional 89.9, el abogado de la familia, Pablo del Pino, expresó que “lamentable y sorpresivamente nos desayunamos con la noticia, porque por parte de la querella habían varias medidas que se habían solicitado y estábamos a la espera”. A ello, se suman las restricciones propias de la pandemia, que no permitieron que el abogado se acercara a los tribunales a concursar las actuaciones.
En ese sentido, el defensor denunció que habría falencias en la tesis de la fiscalía que serían claves para determinar la calidad de la participación de los imputados y sus responsabilidades. Además, del Pino señaló que «la querella cree que no sirve como un elemento probatorio y eso es grave porque nos apartamos de los hechos objetivos». Por todo eso, consideran que “faltan elementos que dilucidar en la autopsia».
La causa: la situación judicial de los imputados
En la elevación a juicio se tiene como protagonistas a un menor de tan solo 16 años. El mismo está sindicado como el autor del delito de homicidio calificado por alevosía, ensañamiento, criminis causa y por mediar cuestión de género en perjuicio de Sandra Sylvia Palomo. Pese a ser inimputable, la fiscal solicitó al Juzgado de Menores N°3 en feria.
Además, pidieron la imposición de medidas de seguridad con carácter de indefinida en cuanto a su duración. Al mismo tiempo, solicitaron su internación en un centro de régimen cerrado. Este centro debe poseer las medidas de seguridad adecuadas para lograr su permanencia. Además, debe garantizar que se le puedan efectuar estudios de manera periódica, como así también brindarle tratamiento psicológico y psiquiátrico.
Principalmente, por cuanto el menor sin lugar a dudas, representa una situación de extremo peligro para la vida y seguridad de terceros. Según entienden, esto surge con total claridad, tanto del informe realizado por las profesionales del Gabinete de Psiquiatría Forense. Junto a él se encuentran imputados dos menores, que al momento de los hechos tenían 17 años; Ian Esteban Caro y Ricardo Nahuel Bonifacio González, acusados como partícipes secundarios del delito de homicidio calificado por alevosía, ensañamiento, criminis causa y por mediar cuestión de género.