SALTA (Redacción) – La superpoblación en las cárceles así como la escasez presupuestaria que las vuelve hacinamientos más que espacios de reinserción, son cabos sueltos en el marco de una disfuncionalidad sistémica, que incluye también a las máximas autoridades. Para muestra, basta un botón. En este sentido, se conoció una interna en el penal de Villa Las Rosas. La misma terminó con un saldo de seis detenidos, incluido un agente penitenciario de alto rango, en torno a una organización delictiva.
El fiscal penal de la Unidad contra la Narcocriminalidad, Santiago López Soto, brindó detalles del procedimiento con múltiples allanamientos y requisas en la Unidad Carcelaria N° 1. El mismo finalizó con la detención de seis personas, entre ellas, un agente del servicio penitenciario y clanes familiares que facilitaban la circulación de estupefacientes.
Seis meses de investigación
La causa, denominada “Pasaporte a la Cancha”, inició luego de que se produjera el 15 de mayo pasado, el hallazgo de 161 envoltorios de polietileno. Los mismos contenían sustancia blanquecina pulvurenta en el interior de una celda de la Unidad Carcelaria N° 1. De las tareas investigativas, que hasta ahora demandaron seis meses, pudo conocerse que las actividades eran realizadas por “clanes familiares”.
Precisamente, contaban con la participación activa de cada uno de sus integrantes, que eran comandados por un interno desde el interior del Servicio Penitenciario Provincial Nº 1. De hecho, los reos llaman “La Cancha”. Cabe señalar que la banda desbaratada contó con la participación y connivencia de un funcionario de la administración pública. El trabajador pertenecía a esa fuerza, con jerarquía de Sargento Primero.
Del procedimiento surgió que la venta de estupefacientes se realizaba dentro del penal, mediante un agente carcelario. El mismo, colaboraba con el ingreso de los distintos elementos. Mientras tanto, dos presos manejaban desde adentro la organización. Las actuaciones llevadas a cabo por el grupo de investigaciones de UFINAR, se realizaron de forma conjunta con el fiscal federal de Salta, Eduardo Villalba y contaron con la cooperación del personal del Servicio Penitenciario.
Ahora se esperan las imputaciones de los detenidos con penas que podrían alcanzar mínimamente 6 años e incluso 20, con los agravantes propios de cada individuo
