SALTA (Redacción) – La pandemia dejó al descubierto una interna policial que se apoya en los abusos policiales devenidos del Decreto provincia 255. En su momento, éste establecía facultades de las fuerzas de seguridad para actuar ante casos de incumplimiento de las medidas preventivas y obligatorias. Sin embargo, algunos hechos daban cuenta de irregularidades por parte de los policías. Es el caso del comisario Mamaní y otros cuatro policías involucrados en una causa teñida por el abuso de armas y la venganza.
En este marco, la fiscal penal de Derechos Humanos, Verónica Simesen de Bielke, llamó al Juzgado Civil, Comercial, Laboral y de Personas y Familia del Distrito Judicial Sur Circunscripción Anta. En la solicitud, pidió la elevación a juicio de la causa que tiene como imputado al comisario Walter Ezequiel Omar Mamaní. El mismo está acusado de varios delitos de diferente gravedad ante la ley.
Se trata de los delitos de abuso de armas agravado, privación ilegítima de la libertad (dos hechos), falsedad ideológica (dos hechos) y vejaciones agravadas con fines de venganza. Todos ellos en concurso real, en calidad de autor y en perjuicio de Luciano Diez, el joven que habría incumplido con el horario de circulación previsto en las medidas obligatorias.
La causa salpica a buena parte del cuerpo policial
El requerimiento de juicio también incluye a cuatro efectivos policiales con revista en la subcomisaría de El Dorado de Apolinario Saravia. En este sentido, la fiscal penal Simesen de Bielke también requirió la elevación a juicio contra el cabo Juan Giménez, imputado por los delitos de abuso de armas agravado, privación ilegítima de la libertad, falsedad ideológica, vejaciones agravadas con fines de venganza. También está todo en concurso real, con coacción, en calidad de autor.
Además, la sargento Julia Antolina Díaz y el sargento Sergio Argañaraz, fueron acusados de los delitos de abuso de armas agravado, privación ilegítima de la libertad, falsedad ideológica, vejaciones agravadas con fines de venganza; todo en concurso real y en calidad de autores. En tanto, el agente Franco Matías Vizgarra fue imputado por los delitos de privación ilegítima de la libertad y vejaciones agravadas con fines de venganza
Sin embargo, al no haberse podido verificar que el acusado estuviera en el momento en el que ocurrieron las detonaciones, la fiscal entendió que corresponde dictar el sobreseimiento por el delito de abuso de armas agravado. De la misma manera, consideró que tampoco se puede sostener la acusación por el delito de falsedad ideológica, al no existir informes que lo vinculen.
Los hechos por los que irán a juicio
La fiscal penal Simesen de Bielke entendió que se encuentra acreditado que aproximadamente a las 4 de la mañana del pasado 28 de junio, el denunciante Luciano Diez circulaba lentamente con su vehículo por avenida 9 de Julio. Esto ocurrió en inmediaciones de Parque Norte – Sala Nido de Apolinario Saravia. Allí apareció en sentido contrario el móvil policial Nº 1745.
Precisamente, en este móvil se desplazaban los acusados, quienes sin motivo alguno, realizaron la detonación. Se trató de al menos cuatro disparos con la intención de amedrentar a Luciano Diez. Tras esto, se dirigieron al domicilio del denunciante, donde le dijeron que quedaba detenido por evadir un control policial y darse a la fuga. En este momento, privaron al damnificado ilegalmente de su libertad.
De hecho, se entiende que no había motivos que autorizaran al personal policial para aprehenderlo. Para avalar la restricción ilegal, los acusados armaron una causa penal. Fue en esta causa en la que el comisario Walter Ezequiel Mamaní formuló una denuncia en contra de Luciano Diez por el delito de atentado a la autoridad. Además, durante el traslado de Luciano Diez y luego de que lo ingresaran a la dependencia policial, los acusados lo sometieron a malos tratos físicos y psíquicos.
Prisión preventiva
En septiembre, el Juzgado de Garantías 1 del Distrito Judicial Sur, Circunscripción Anta, rechazó el pedido de prisión domiciliaria instado por la defensa técnica. Al contrario, dispuso mantener la prisión preventiva sobre el comisario Walter Ezequiel Omar Mamaní. Cabe recordar que el mismo continúa alojado en la División Caballería de la capital salteña.
Oportunamente, la fiscal penal de Derechos Humanos se opuso al beneficio. A ello se suma que Simesen de Bielke imputó también al auxiliar fiscal de la Fiscalía Penal de J.V. González – Delegación Apolinario Saravia, Sergio Dantur. Lo hizo por los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y encubrimiento agravado en concurso real.
Además, el procurador general de la Provincia, Abel Cornejo dispuso el inicio de un nuevo sumario instruido por la fiscal María Celeste García Pisacic.
