SALTA (Redacción) – Tras conocerse que la fiscal penal Verónica Simesen de Bielke sería apartada de la causa por abusos policiales en Apolinario Saravia por decisión del juez, el Ministro Público le da un giro a la causa. Ahora apuntan a esclarecer la responsabilidad del auxiliar fiscal Sergio Dantur que salió al cruce de la fiscal previamente. Se le adjudican sospechas por acciones que serían incompatibles con la función pública.
Cabe recordar que fue el juez de la Sala I del Tribunal de Impugnación, Luciano Martini, quien apartó a la Fiscal de Derechos Humanos Verónica Simesen de Bielke de la causa contra el comisario Walter Exequiel Mamaní. Tras ello, corrió traslado de lo actuado a la fiscalía que por materia y por turno corresponda. Sin embargos, los grises empañan esta causa que fue el blanco de críticas, denuncias y cruces constantes.
De hecho, la causa contra la fiscal llegó por recurso de reposición “in extremis” de la defensa de Sergio Dantur. El mismo se desempeñaba como auxiliar fiscal de Apolinario Saravia. En este sentido, argumentó en relación a la titularidad de la línea telefónica cuyo secuestro se hizo sin orden judicial y por directiva de la fiscal de Derechos Humanos. Por un lado, la Fiscal había afirmado que la línea telefónica y el aparato secuestrados pertenecían al Ministerio Público. Del otro lado, la defensa de Dantur expuso que dicha línea y aparato eran de su propiedad.
Un revés que pone a Dantur en el ojo de la tormenta
Ahora se conoció que el Procurador dispuso que se agregue un hecho nuevo al Sumario Administrativo contra Ariel Sergio Dantur. Se trata de la ecisión del funcionario de no informar sobre la titularidad del teléfono investigado. Precisamente, el mismo está involucrado en el marco de la causa penal que lo tiene como imputado. En relación a ello, se le adjudica la comisión de los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público. También figura el encubrimiento agravado en concurso real.
En este sentido, Cornejo pidió que se corra vista a la Unidad Fiscal conformada. La misión es que se investigue y se busque esclarecer las vinculaciones que podría haber tenido el funcionario. Entre los considerandos, el Procurador tuvo en cuenta que “al momento de requerírsele el teléfono de su uso como funcionario del Ministerio Público Fiscal, el auxiliar fiscal, Ariel Sergio Dantur, no especificó si se trataba del móvil personal u oficial”.
Para el procurador, este detalle no lo tuvo en cuenta la Sala I del Tribunal de Impugnación al momento de declarar la nulidad de las actuaciones. En este sentido, este comportamiento “prima facie” habría inducido a error tanto al Tribunal como a la Fiscal Penal que investigó la causa”. Además, agregó que “ello constituiría una conducta incompatible con la que un funcionario público debería actuar y ser el primer interesado en que se esclarezca la verdad de lo sucedido”.
No obstante la orden de sumar el hecho al sumario administrativo que ya instruye la fiscal García Pisacic, el Procurador también resolvió que se conforme una Unidad Fiscal de Investigación. La misma deberá estar constituida por los fiscales penales María Celeste García Pisacic, Ana Inés Salinas Odorisio y Pablo Alejandro Rivero. Los mismos deberán determinar si en este hecho también existió la comisión de algún delito.
