SALTA (Redacción) – En el marco de un nuevo año, la justicia todavía tiene mucho por hacer y la agenda obliga a tomar decisiones. En este marco, la jueza interina de Garantías 1º del Distrito Judicial Sur-Circunscripción Anta, Patricia Rahmer, hizo lugar al principal pedido de los fiscales. Se trata de la extracción física y lógica de información de dos teléfonos celulares de propiedad y/o uso del auxiliar fiscal de Apolinario Saravia, Sergio Dantur.
La medida fue solicitada por la Unidad Fiscal de Investigación integrada por los fiscales Pablo Rivero y Diego Nicolás Rodríguez López. Con este fin, la jueza también habilitó la feria judicial de enero del Juzgado, a los efectos de continuar la investigación. Tras ello, los equipos se encuentran en poder del Ministerio Público Fiscal, en el marco de la investigación que lleva adelante la Fiscalía de Derechos Humanos.
Cabe recordar que el auxiliar penal de la Fiscalía Penal de J.V. González, de la Delegación Apolinario Saravia, es Ariel Sergio Dantur. El mismo está imputado luego de no informar sobre la titularidad del teléfono investigado en el marco de la causa penal que lo tiene como principal blanco de la justicia. Se le adjudican la comisión de los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y encubrimiento agravado en concurso real.
Los grises que ponen en el ojo de la tormenta al fiscal
La Magistrada también informó en su resolución, que la medida sobre los teléfonos se practicará por el Gabinete de Informática Forense del CIF. Los mismos contarán con la presencia de los integrantes de la Unidad Fiscal de Investigación y la Defensa Técnica del imputado, Sergio Dantur. Además, la jueza pidió la realización de la copia de seguridad de las redes sociales asociadas a los dispositivos, bajo las previsiones del Art. 309 y concordantes del C.P.P.
Con respecto de los mensajes de texto, Whatsapp, Facebook y demás programas de mensajería que pudieran contener los dispositivos móviles, la Jueza aclaró que la tecnología actual permite que los dispositivos almacenen imágenes, videos, audios y correos electrónicos. Sin embargo, deberá solicitarse a la Jueza interviniente su intercepción, si entre los datos se encontrara ese tipo de correspondencia no autorizada. Además, será solo de considerarse estrictamente necesario para la investigación de la causa.
De esta manera, la medida que responde a la orden y autorización de la magistrada, permitirá determinar si la línea oficial proporcionada por el imputado fue funcional para el desempeño del cargo público asignado. A su vez, permitirá esclarecer si la utilización de una línea no registrada por el Ministerio Público Fiscal, perjudicó el normal y correcto desempeño de dicha función.
