SALTA (Redacción) – Este miércoles se confirmó la prisión preventiva contra tres policías de Salta que son acusados por «allanamiento ilegal y «privación ilegítima de la libertad». Así lo resolvió la Sala IV del Tribunal de Impugnación a pesar del pedido de la defensa de los efectivos. Todos se desempeñaban en la División de Seguridad Urbana. «Uno de los damnificados, Luciano Cruz, perdió un ojo por la violencia con la que actuaron», detallaron desde la Fiscalía.
Sobre los policías de Salta cabe mencionar que resultaron detenidos el lunes 19 de abril pasado, tras el pedido de la fiscal penal de Derechos Humanos, Verónica Simesen de Bielke. «De las múltiples causas, se tiene que los efectivos policiales acusados acometieron contra la integridad física de numerosas personas. Entre las cuales se encontraban dos menores de edad. Y en muchas situaciones y sin motivo alguno, les dispararon con armas no letales», detalló el organismo.
En tanto, los policías son el sargento Pablo Exequiel Toledo, el cabo Ignacio Esteban Zurita y el oficial subayudante Rómulo Segovia. «Fueron imputados por los delitos de vejaciones, en concurso real con allanamiento ilegal y privación ilegítima de la libertad», precisaron sobre los cargos. En sus fundamentos, la fiscal Simesen de Bielke remarcó los diferentes elementos colectados durante la investigación.
Prisión por peligro de fuga
«Permiten sostener la sospecha fundada de que los acusados podrían incurrir en la hipótesis configurativa del peligro cierto de fuga. Con la posibilidad cierta de que los imputados no se sometan a los requerimiento del sistema judicial», alertó la funcionaria. «En este sentido, surgieron indicios vehementes de que los acusados hicieron del delito su medio de vida. Sin mostrar arrepentimiento alguno», agregó sobre los efectivos.
También advirtió que no es «un dato menor» considerar estos efectivos forman parte de las fuerzas de seguridad provincial y que su deber es el de «garantizar la seguridad pública». «Y no la comisión incesante de hechos ilícitos contra la sociedad», consideró la fiscal. Por estas razones solicitó la prisión preventiva y agregó que «tienen vinculaciones» dentro de la fuerza de seguridad. «Y acceso a información que no tiene un ciudadano común», completó.
Finalmente aseguró que «podrían influenciar a personas que serán llamadas a deponer en la audiencia de debate ante el Tribunal». Y que por ello «es necesario que declaren libres de toda influencia, motivo que habilita la restricción de la libertad de los acusados». «Además, la fiscal advirtió que se debe tener en cuenta la expectativa de pena, que en caso de recaer en condena sería de cumplimiento efectivo, debido la cantidad de causas por las que fueron requeridos, por lo que el incentivo para eludir la acción de la justicia es mayor», concluyó.
