SALTA (Redacción) – En las últimas horas de este martes un juez ordenó la inmediata detención del productor de moda Pablo Rangeón. Así lo determinó el juez de la Sala I del Tribunal de Impugnación Luciano Martini. Cabe recordar que el sujeto se encuentra imputado por el delito de abuso sexual contra varias jóvenes que trabajaban para él. Sin embargo, le habían concedido la prisión domiciliaria a través de una apelación.
Según detallaron desde el Poder Judicial, el magistrado Martini hizo lugar a un recurso de apelación y ordenó la detención de Pablo Rangeón. «Declaró la nulidad de la resolución que le había concedido el beneficio del arresto domiciliario con el sistema de control por monitoreo electrónico», detallaron. Además, el juez recordó que la prisión preventiva se la dictaron «originalmente a la luz de la primera imputación».
Sin embargo, el juez Martini sentenció que se le agregaron otras seis denuncias al productor de modas que había sido distinguido por el Concejo Deliberante de Salta. En este sentido, desde el Poder Judicial señalaron que las nuevas denuncia son de «todas de mujeres que formaban parte de la empresa de Rangeón». «Quienes relataron circunstancias similares a la de la primera denuncia», apuntaron sobre las demandas de las víctimas.
Detalles del nuevo fallo contra Pablo Rangeón
En tanto, el juez remarcó que «existió contradicción al momento de disponer el arresto domiciliario de Rangeón». «La situación de una víctima fundamentaba la imposición de la prisión preventiva. Frente a la lógica y el sistema jurídico argentino, no se explica ni se entiende como la situación de seis ofendidas puede configurar o dar lugar a elementos nuevos que `beneficien’ la situación del imputado.”
“Los hechos -de por sí violentos- fueron acompañados de evidentes estereotipos patriarcales, en las conductas del imputado, y fueron ejecutados en cada uno de los casos, valiéndose, no de una, sino de varias circunstancias que lo colocaban en situación de preeminencia y asimétrica de poder en relación a cada una de las víctimas”, apuntó el juez Martini. «La escala aplicable tendría, entonces, un mínimo de seis años y un máximo, por limitación legal, de cincuenta años», apuntaron desde la Justicia salteña.
