SALTA (Redacción) – La fiscal penal de Derechos Humanos, Verónica Simesen de Bielke, requirió la elevación a juicio de la causa contra once policías de Salta por «torturas y paseo con amenaza de muerte». Los integrantes la Brigada de Investigaciones 2 de Orán quedaron imputados por los delitos de «privación ilegítima de la libertad, torturas, lesiones leves y falsificación de documentos públicos».
Las autoridades detallaron que la investigación constató que los policías de Salta imputados citaron al denunciante para que prestara declaración por un robo en el Supermercado Comodín de Orán. Sin embargo, los acusados: «Cometieron un claro exceso en el ejercicio de sus funciones». Así lo describieron desde la Fiscalía a cargo de Simesen de Bielke. La funcionaria solicitó el juicio ante el Juzgado de Garantías 1 del Distrito Judicial Norte.
«Sin que existieran motivos razonables ni una orden de la autoridad competente, privaron ilegítimamente de la libertad ambulatoria al denunciante. A quien retuvieron desde las 18 del 8 de abril, hasta la madrugada del día siguiente. Esposado y sin que pudiera irse de la dependencia policial». Así detallaron desde el Ministerio Público Fiscal sobre el caso de tortura que efectuaron los acusados.
«Tormentos físicos y psíquicos» contra el testigo
De esta manera, con los elementos reunidos, la fiscal penal imputó al oficial Enzo Anagua y los sargentos Gerardo Ricardo Páez alias “Caimán” y Carlos David Morales. «Por los delitos de privación ilegítima de la libertad, tortura y lesiones leves en concurso ideal», apuntó. Además, Anagua también quedó imputado por «falsedad ideológica»: «Ya que en su calidad de funcionario público, insertó en un instrumento público una declaración falsa».
Sobre este último cargo precisaron que el documento falseaba los dichos del denunciante. Ya que endilgaba la responsabilidad por el robo al Supermercado Comodín a las personas que los efectivos policiales le habían dicho que incriminara.
«El accionar ilícito de los detenidos se extendió hacia el despliegue de conductas del delito de torturas. Ya que infligieron tormentos físicos y psíquicos, de carácter grave con el fin concreto de intimidar al denunciante», completaron. Todo esto con el objetivo de «obtener una confesión que atribuyera responsabilidades por el robo al supermercado a personas determinadas».
