SALTA (Redacción) – Se lleva adelante el juicio del robo de los caños del gasoducto Nea, en el que está involucrado el ex intendente de Aguaray, y otros nueve imputados. El fiscal Villalba advirtió presuntas irregularidades en la liberación de un camión con tubos del Gasoducto. Es por eso que el fiscal general Eduardo Villalba desistió del testimonio del ex director de Rentas, Gustavo de Cecco, por su probable incursión en un hecho delictivo vinculado al caso.
El fiscal general decidió avanzar contra el ex funcionario provincial luego de las declaraciones que personal subalterno de la Dirección General de Rentas (DGR) prestó el pasado miércoles 11 de agosto. En las declaraciones hablo de un procedimiento de control que terminó con un cargamento de caños liberado de modo aparentemente irregular. Al finalizar esa audiencia, el fiscal pidió la palabra y desistió de convocar a De Cecco.
Villalba explicó que la decisión respondía a la probable incursión del ex funcionario en un hecho delictivo. Esta probabilidad, surgiría de las declaraciones de varios testigos que tuvo esa jornada, entre ellos dos inspectores de la DGR y un camionero. Los tres se refirieron al secuestro y posterior liberación de un equipo de transporte que fue detenido en enero de 2020 con 15 caños saqueados al GNEA.
Villalba adelantó que esas declaraciones testimoniales serán remitidas a la Fiscalía que por competencia corresponda. El objetivo es que se investigue y determine la posible responsabilidad penal del ex director u otras autoridades en los trámites que derivaron en la liberación del camión. En un primer tramo de la audiencia se escuchó a los dos inspectores.
Uno de ellos recordó que el 29 de enero del 2020, “controlaron un camión que provenía del norte de la provincia con destino a un predio del partido de Quilmes. Llevaba una carga de 15 caños para la firma OSYP SA, propiedad de Diego Alos, uno de los principales imputados de la causa. Los tubos tenían como destinataria a Comarfil, de Matías Rossi, quien está imputado por robo calificado, defraudación a la administración pública y encubrimiento agravado.
