SALTA (Redacción) – La investigación iniciada en 2019 por el cobro irregular de planes sociales en Rosario de la Frontera, amplió la este miércoles al jefe comunal Gustavo Solís y otros 5 funcionarios de su gestión. Se los acusa de asociación ilícita en concurso real con los delitos de fraude a la administración pública y falsedad de instrumento público.
El fiscal penal de Rosario de la Frontera, Oscar López Ibarra, en unidad fiscal con su par, la fiscala penal Mónica Poma, llevan adelante una investigación por supuestas maniobras fraudulentas que se denunciaron en esa ciudad respecto al cobro de planes sociales en nombre de presuntos beneficiarios que nunca percibieron dinero alguno.
Primero se imputó a Matías Tomás Antonio Iturre, quien se desempeñaba como secretario privado del Intendente del municipio como autor de los delitos de fraude a la administración pública en concurso real con falsedad de instrumento público. Y a partir del relevamiento de testigos y las pericias contables realizadas, la unidad fiscal decidió ampliar la acusación.
Esta ampliación de acusación se amplía hacia Gustavo Solís Mónico, Matías Tomás Antonio Iturre, Orlando Rubén Cárdenas, José Luis Feres, Silvia Carolina Solís Mónico y Antonia Silvia Acosta como autores de los delitos de asociación ilícita en concurso real con los delitos de fraude a la administración pública y falsedad de instrumento público.
En la acusación que de lo actuado, surge que los imputados mencionados, efectuaron maniobras destinadas a desviar fondos públicos destinados a planes sociales. La imputación al intendente se lo acusa de llevar adelante una asociación ilícita en concurso real por delitos de fraude y el cobro de planes sociales en nombre de presuntos beneficiarios que nunca percibieron dinero alguno.
