SALTA (Redacción) – Durante las últimas horas el fiscal penal de Derechos Humanos, Gabriel Alejandro González, solicitó que avance la causa contra tres policías de Salta acusados de abuso de la fuerza contra un detenido en El Galpón. De esta manera, le exigió al Juzgado de Garantías 7 la elevación a juicio de estos efectivos. Estos quedaron imputados por los delitos de «severidades calificadas en concurso ideal con lesiones leves».
Las actuaciones del funcionario González contra los policías de Salta iniciaron con la denuncia radicada por la pareja de la víctima. El 30 de marzo esta persona compareció los detalles del caso ante la Fiscalía de Derechos Humanos de Metán. Cabe precisar que las imputaciones recayeron sobre el oficial subayudante Ángel Quiñones y los cabos Fabio Adel Saravia y Franco Exequiel Urtado, en calidad de coautores.
Según detalló el Ministerio Público Fiscal, la persona puso en conocimiento que su pareja permanecía detenido en la Subcomisaría de El Galpón por incumplir la prisión domiciliaria. Sin embargo, describió que «un efectivo de apellido Saravia» lo tomó del cuello un efectivo de apellido Saravia y que como forcejearon lollevaron al lado del comedor del lugar. Luego, relató que recibió una golpiza por otros policías.
«Proteger la dignidad del ser humano»
«Del requerimiento, surgió que el 28 de marzo de 2021, cerca de las 0:45, en la Subcomisaría de El Galpón, los acusados en servicio le impusieron al detenido bajo su custodia un trato riguroso con incidencia en su integridad física y le provocaron lesiones que fueron constatadas mediante certificados médicos», detalló el informe que difundió el organismo provincial sobre este nuevo caso de abuso policial.
Finalmente, en sus fundamentos, el fiscal González remarcó que la figura penal de «severidades» pretende «proteger la dignidad del ser humano». «Debe ser respetada aun en condiciones de encierro legítimo, teniendo en cuenta el derecho de todo individuo a no sufrir tales procedimientos de parte de los funcionarios públicos, que tienen en sus manos el poder que les otorga la función, o a no ver agravada con ellos la privación de libertad que ya sufren», explicó.
