SALTA (Redacción) – Ana Salinas Odorisio, fiscala penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), hizo un pedido expreso al Juzgado de Garantías para que se lleve al banquillo de acusadas a Patricia Argañaraz y a Ana María Cerezo por la malversación de fondos en la Asociación Docente Provincial. La primera de estas era secretaria general y fue expulsada, mientras que Cerezo es la actual tesorera.
Además de esto, también se pudo conocer que Patricia Argañaraz y Cerezo están además imputadas por 29 delitos en la cual la UDEC las consideró a ambas como coautoras materiales y penalmente responsables de los delitos en los que se las involucra. Estas son el total de 7 nuevas imputaciones que se sumaron a la 22 iniciales, realizada en octubre del 2020, en el cual también había quedado imputado Raúl Dante Argañaraz, hermano de la principal imputada.
En aquel momento, la causa estaba en mano del fiscal Leandro Flores y había imputado a Argañaraz y a Cerezo por ser al mismo tiempo, además de autoridades del ADP, fiduciarias del «Fideicomiso de Administración al costo “Virgen De Urkupiña I». Se probó que «ambas realizaron intencionalmente actos tendientes a perjudicar los intereses que les fueron confiados en el marco de la representación gremial, violando los deberes que se originaban en las funciones ejercidas por la secretaria general y tesorera, distrayendo dinero y bienes de la institución y permitiendo el usufructo gratuito de oficinas y el servicio del personal de ADP, a favor de una entidad de índole comercial, ajena al gremio, pero sobre la cual los acusados también tenían un interés en su desarrollo».
Por su parte, Argañaraz había también llevado a cabo acciones con las cuales intentó dirigir la transferencia de un inmueble de la ADP hacia el fideicomiso pero sin abonar alguna suma. Como parte de la investigación, se secuestró materiales del sindicato docente donde se comprobaron fallas en el estado contable. «Las rendiciones de salidas de dinero no contaron con documentación comprobatoria que valide la existencia y origen del gasto siendo habitual la registración de salidas de dinero sin aplicación contable precisa y concreta», había detallado Flores en aquel momento.
Estafas reiteradas y desvío de dinero público
Además, se había comprobado la «inexistencia de conciliaciones bancarias, pagos de gastos personales ajenos a la institución, pagos indocumentados a través de transferencias además de la emisión y cobranza de cheques de caja de los cuales no fueron registrados como ingreso de fondos en las cajas en el departamento contable» cuando la única operación confirmada del fideicomiso era la construcción de 23 viviendas pero que nunca se terminaron.
Mientras que en lo respectivo a las estafas se reconoció en que intentaron dar una apariencia de legalidad al negocio del fideicomiso, cuando sabían la inviabilidad del negocio, y que lo vincularon con actividades de la realización gremial. «Les prometieron que por medio de un desembolso inicial de dinero y luego abonando cuotas, accederían a una vivienda en alguno de los loteos que se efectuarían en inmuebles claramente individualizados», confirmaron desde el Ministerio Público Fiscal.
