SALTA (Redacción) – El hospital Juan Domingo Perón estuvo envuelto en una polémica el año pasado cuando una médica llevó a cabo un aborto en Tartagal. El asunto es que una joven había ingresado al nosocomio con la intención de interrumpir su embarazo. Tras ser informada de las consecuencias y al saber que iba a recibir apoyo para seguir con su maternidad revirtió su decisión inicial.
No obstante, la médica Miranda Ruiz procedió de igual manera con el aborto en Tartagal. Al poco tiempo quedó imputada por el Ministerio Público Fiscal. Después de tantas idas y vueltas, se pidió por su sobreseimiento por parte de su defensa. Pero en las últimas horas el mismo fue negado por el juez de Garantías 2 de Tartagal, Héctor Mariscal Astigueta. Explicó que aún restan pruebas por generar y convocó a una junta médica para evaluar la situación.
Entonces, la médica Miranda Ruiz está actualmente imputada por el presunto delito de «aborto sin consentimiento». El fiscal Gonzalo Vega de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas de Tartagal está a cargo de la causa. La defensa de la profesional de la salud está a cargo de Paula Tackzeck y Emilia Tomezeck. Ambas habían pedido su sobreseimiento en febrero bajo la premisa de que la etapa de investigación había concluido y la causa no había sido elevada a juicio.
Organizaciones feministas respaldan a la médica
Un conjunto de organizaciones feministas publicaron un comunicado donde explican que el pedido de la junta médica va en contra de lo establecido en el fallo F.A.L. de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Esta resolución del máximo órgano judicial dictaminó que las tomas de decisiones de la paciente como del equipo de salud no pueden ser judicializadas. Así la causa por el aborto en Tartagal tiene un nuevo giro.
El director del hospital Juan Domingo Perón había participado como asistente de la joven denunciante de la médica. También participaron otros 6 profesionales y el supervisor de Salud Reproductiva de la Provincia. «A su vez la disposición de una junta médica viola los principios de privacidad, confidencialidad y autonomía de los pacientes consagrados por la ley 27.610», plantea el comunicado. Anunciaron que seguirán luchando para garantizar los derechos de todas la mujeres.
