SALTA (Redacción) – Sigue el proceso judicial en la causa por el aborto en Tartagal y la Justicia amplió la imputación a otros dos sospechosos. El nombre de la doctora es Miranda Ruiz quien en el hospital Juan Domingo Perón actuó en contra de la voluntad de la victima. Es que a pesar de haber aprobado en un momento la interrupción del embarazo, luego se arrepintió y la profesional de la salud procedió igual.
En el marco de la causa por el aborto en Tartagal el fiscal penal Gonzalo Ariel Vega imputó a otros dos integrantes del personal médico del nosocomio. Vale recordar que Miranda Ruiz había llevado a cabo la interrupción voluntaria del embarazo a una joven de 21 años que era de Salvador Mazza. El hecho es que la mujer a las 6 horas de haber aprobado la práctica médica terminó arrepintiéndose porque había obtenido el respaldo para continuar con su embrazo.
No obstante y en contra de la voluntad de la mujer embarazada la médica continuó con el aborto en Tartagal. Una vez concluido el operativo de interrupción del embarazo, el bebé había nacido con vida ya que iba por el sexto mes de gestación. Los restos de la criatura fueron desechados por otros trabajadores del Juan Domingo Perón. Estos profesionales son los otros dos imputados.
Un aborto sin consentimiento
A pesar de que diferentes personas intentaron frente la intervención de Miranda, la médica continuó con el aborto en Tartagal. Una concejal de Salvador Mazza habló con el gerente del hospital, José Santiago Payo, para que intervenga en la situación pero no pasó nada. En el marco de esta causa, algunos actores políticos acompañaron a la médica para evitar que recaiga una dura pena y sanción por haber interrumpido el embarazo.
Nuevos imputados por el aborto en Tartagal
Durante esta semana, el Ministerio Público Fiscal imputó a dos colaboradores de Miranda Ruiz. Estas personas son un médico ginecológico y un empleado administrativo, sus identidades fueron preservadas. La razón por la cual se los asocia a la causa judicial es porque uno desechó el cuerpo del bebé recién nacido y el otro por haber falsificado documentación.
Más detalladamente aclararon desde el Ministerio Público que las imputaciones corresponden al » encargado de hacer los registros de los certificados de nacido en el Hospital Perón y para el médico ginecólogo de guardia que estaba en ese momento, donde se consignaron los datos del feto». Además; «se les imputa la falsificación de documentos públicos e incumplimiento de los deberes de funcionario público, porque consignaron que era un feto muerto, cuando se trataba de un feto que nació con vida».
Otra aclaración es que «introdujeron datos falsos en un documento público y no hicieron firmar dicho certificado». Finalmente, porque «no cumplieron con el protocolo vigente de salud». El cual «establece con toda claridad y sin lugar a ninguna controversia que si un feto pesa más de 500 g debe extenderse certificado de defunción» .
