SALTA (Redacción) – En la jornada de ayer se dictó la sentencia de inhabilitación política contra cinco concejales del interior de Salta. La condena judicial se dictó porque cobraron el Ingreso Familiar de Emergencia en plena pandemia cuando el Gobierno de Alberto Fernández lanzó este programa para paliar los efectos de las medidas en contra del coronavirus. Desde el Tribunal Oral Federal N° 1, dependencia de la Unidad Fiscal de Salta.
Desde el área de Casos Complejos se dictaron 7 condenas por defraudación a la Administración Pública e incumplimiento de deberes de funcionario. De estos, cinco concejales recibieron la sanción de inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos o electivos. A su vez, se acordó un total de 47 medidas alternativas con donaciones de $1.559.000 que se destinarán a 45 entidades públicas y 3.694 horas comunitarias.
Al mismo tiempo, se absolvió a otros tres concejales. El caso de Santos Palma y Julio Pedro Laxi, de las localidades de Animaná y Rivadavia Banda Norte les correspondió la absolución por pedido de la fiscalía. La misma los imputó por el delito de incumplimiento de deberes de funcionario público. El otro edil fue Héctor Sebastián Clari (Guachipas), a quien lo ubicaron como responsable del delito de defraudación a la Administración Pública. El juez decidió exculparlo por el beneficio de la duda.
Concejales condenados por haber cobrado el Ingreso Familiar de Emergencia
Distinta fue la suerte de otros concejales ya que cinco de ellos recibieron algún tipo de condena. El juez tomó la decisión de condenar a Paola Cantarella (Pichanal), Jesús Cuellar (Urundel) y Gabriela Cazón (Aguas Blancas). La sentencia es por el delito de defraudación e incumplimiento de deberes como funcionarios públicos. Los primeros dos recibieron penas de 3 años de prisión condicional y para el otro edil la condena fue de dos años. Se aclara que para los tres casos se aplicó la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
Por otro lado, José Osvaldo Reynaga (San Lorenzo) recibió una pena de un año más dos de inhabilitación para ejercer cargos. No obstante, la fiscalía había pedido un año y medio y tres sin poder participar de la función pública. Nicolas Maras (Los Toldos) también corrió con la suerte de reducción de condena ya que se había pedido un año de prisión condicional y dos de inhabilitación para ejercer cargos públicos. Sin embargo, recibió la pena de un mes y dos de suspensión.
