SALTA (Redacción) – El Gobierno de la Provincia de Salta salió al cruce de las declaraciones que ayer al mediodía había efectuado el ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Germán Garavano, quien negó la deuda que mantiene la administración federal con el distrito. Ante ello, el titular del Ministerio de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos de Salta, Marcelo López Arias, no solo aseguró que todavía se espera el pago de los fondos para el mantenimiento de los detenidos por microtráfico, sino que indicó que el reclamo ya superó los 500 millones de pesos.
Precisamente, López Aries se encargó de aclarar una vez más que el abono de este dinero debe ser realizado por fuera de las partidas que el Gobierno de la Nación emite hacia las provincias, como por ejemplo los fondos de Coparticipación Federal. Además, manifestó como “técnicamente” correcto el sustento sobre el que Salta ha basado su pedido, debido a que en 2014 el distrito adhirió la Ley de desfederalización, por la que la gestión del Presidente Mauricio Macri había asumido el compromiso de entregar los montos correspondientes para la manutención de presos por microtráfico de drogas.
Asimismo, el ministro sostuvo que “este reclamo no es una cuestión política ni tiene relación con la Coparticipación de recursos que le corresponde a la Provincia”, sino que ratificó en que la insistencia del Gobierno salteño se debe a que “se trata de un acuerdo establecido entre Nación y Provincia, que no se está cumpliendo por parte del Gobierno central”. En esa línea, el dirigente también mencionó que el importe de la deuda se ha incrementado desde 2014, por lo que el compromiso económico ya ha superado largamente los 500 millones de pesos.
Las negociaciones
Por otra parte, López Arias recordó cómo se han producido las negociaciones para intentar que la administración federal cumpliera con su palabra. En primer lugar, mencionó que a partir de 2018 comenzaron a darle un mayor impulso al reclamo ante el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, aunque admitió que en más de un año no han logrado obtener resultados satisfactorios. En principio, Salta ofreció que este compromiso fuera cancelado por medio de la ejecución de obras de ampliación o con la construcción de nuevos espacios carcelarios, a fin de mejorar las condiciones de encierro.
Ante ello, el funcionario indicó que Garavano le había hablado sobre la posibilidad de montar cárceles modulares, aunque posteriormente cambió su propuesta para financiar parte de los trabajos de ampliación de la Alcaidía de la capital. A pesar de que la Provincia ya presentó el proyecto de reformas en tiempo y forma, todavía no hubo una respuesta afirmativa por parte de la cartera nacional. Por último, López Arias expuso que el exprocurador Pablo López Viñals también había intercedido ante el ministerio para lograr que este conflicto se destrabara.
La visita de Garavano
Esta polémica se reavivó ayer, en el marco de las actividades oficiales que llevó a cabo Garavano en la capital. La presencia del ministro se debió a un encuentro que había pactado con las autoridades judiciales de las provincias de Salta y Jujuy, con el objetivo de comprobar cuáles han sido los avances que se han realizado desde la puesta en funcionamiento del Código Procesal Penal en ambos distritos. Además, mantuvo una reunión con la totalidad de los integrantes de la Corte Suprema de la Provincia.
Al finalizar estas acciones, el funcionario atendió a la prensa y, en ese contexto, fue consultado acerca del reclamo económico que desde hace años viene llevando adelante el Gobierno de Juan Manuel Urtubey. Ante ello, Garavano respondió que este monto ya había sido cubierto a través del suministro de los Fondos de Coparticipación. “A partir de este incremento es que las propias provincias deben diseñar sus propias políticas en materia de drogas”, argumentó el dirigente, quien además sostuvo que el combate contra el microtráfico consiste de “un esfuerzo compartido que tenemos que hacer todos”.