SALTA (Redacción) – En el marco de la reunión de Gabinete que se realizó esta mañana, el Gobernador Gustavo Sáenz tomó una importante decisión en materia de salud pública. El mandatario de la Provincia de Salta confirmó cómo se llevará cabo el proceso de análisis del nuevo Protocolo de Interrupción Legal del Embarazo (ILE). Esta normativa nacional había sido anunciada a finales de la semana pasada y, posteriormente, fue reglamentada hoy en el Boletín Oficial.
Frente a los ministros, Sáenz detalló cuáles serán los próximos pasos que se darán para evaluar al adhesión de Salta a esta legislación. En primer lugar, indicó que el Protocolo de Aborto No Punible sea inspeccionado por los especialistas legales del Ejecutivo de la Provincia. Al mismo tiempo, afirmó que remitirá el documento hacia la Legislatura salteña. De esta manera, busca que el organismo se exprese acerca de la posibilidad de implementarlo. En ese sentido, el dirigente valoró que ambas cámaras están conformadas por los representantes del pueblo.
En tanto, desde la Gobernación recordaron que actualmente existe un protocolo sobre esta cuestión que está en funciones dentro del distrito. Igualmente, aludieron que esta decisión no había sido tomada por la anterior administración provincia. En este caso, la Corte Suprema de Justicia instó a que todos los organismos sanitarios de la Nación y las provincias suscribieran a esta norma. Asimismo, el máximo tribunal también había reclamado que estas labores se efectuaran con el más alto nivel. De esa forma, se debió garantizar que los hospitales atendieran casos de abortos no punibles y, también que asistieran a las víctimas de violencia sexual.
El protocolo
En tanto, el Gobierno nacional publicó esta mañana el nuevo Protocolo de Interrupción Legal del Embarazo (ILE) en el Boletín Oficial. Justamente, se trata de la resolución 1/2019, que estuvo a cargo ministerio de Salud. De acuerdo con los lineamientos que establece el documento, se indica que esta normativa apunta a «ofrecer una guía a los equipos de salud para que cumplan con su responsabilidad en la interrupción legal del embarazo contemplado en el marco jurídico argentino».
Asimismo, la cartera estipula que este procedimiento busca otorgar «la mejor evidencia científica disponible y en la experiencia de implementación de versiones anteriores de protocolos nacionales y provinciales». En este orden, Salud determinó que pasos deben efectuarse para que pueda concretar de manera segura la interrupción del embarazo. En tanto, también señalaron que la objeción de conciencia solo puede ser ejercida de manera individual. Finalmente, se estableció que las entidades públicas deben realizar estas atenciones al momento de la solicitud, sin que sea necesario justificar el motivo.