SALTA (Redacción) – El titular del ministerio de Gobierno, Derechos Humanos, Justicia y Trabajo de la Provincia, Ricardo Villada, brindó mayores precisiones sobre el proceso para analizar la adhesión al Protocolo de Interrupción Legal del Embarazo (ILE). Al término de la conferencia de prensa que brindó ayer, remarcó que no someterá la cuestión a la voluntad de la ciudadanía. «Esto no es sí o no, no es un plebiscito. Queremos opiniones en concreto», aseguró.
En declaraciones a los medios, Villada aseguró que el Gobierno de Salta le prestará «mucha atención a lo que dirán los representantes del pueblo». «Vamos a ver qué consideración hacen ellos, porque muchos plantean que este nuevo protocolo avanza más allá de lo que establece el Artículo 86 del Código Penal», indicó. En esa línea, mencionó que la renovada normativa «abre con mayor amplitud el tema de riesgo de vida o para la salud». «Creemos que tenemos que darle un marco de mayor profundidad y decir en qué es bueno, en qué no es tan bueno, y por qué», sintetizó.
Por ese motivo, el funcionario adelantó: «Vamos a tomarnos el tiempo suficiente para tener todos los análisis». Además, deslizó que existen las posibilidades de «generar una adhesión al nuevo protocolo o continuar de la manera en que viene trabajando la Provincia. A su vez, aclaró que la administración no está evaluando «la elaboración de un nuevo protocolo de aborto no punible«. «Salta ya ha decidido adherir al protocolo nacional. Solo estamos considerando si es factible la implementación de la nueva versión en nuestra Provincia», explicó.
El proceso
En relación al proceso de análisis de esta cuestión, Villada indicó que este camino se inició el pasado martes. Según expuso, los senadores provinciales ya mantuvieron un encuentro con la titular del ministerio de Salud Pública, Josefina Medrano, y con el Fiscal de Estado, Juan Pérez Alsina. Acerca de la trascendencia que posee la visión de los legisladores, ratificó que han sido «elegidos por el pueblo» y, además, que «merecen todo el respeto de este gobierno». «Creemos que para generar una renovación en este sentido debe haber fundamentos que tengan rigor científico, legal y político«, agregó.
Igualmente, el ministro afirmó que la administración provincial no pone en duda «el rigor científico» de esta actualización. Simplemente, recalcó que «la salud es una potestad de las provincias, por lo tanto entendemos que debe ser analizado en este marco». «Vamos a agotar las instancias para poder decir seriamente el protocolo que ha dictado el Ministerio de Salud de la Nación es más conveniente para nuestra Provincia, para las mujeres que sufren esta situación», aseguró.
