SALTA (Redacción) – Integrantes de la Mesa de Derechos Humanos de Salta junto a abogados, y con apoyo de organismos nacionales como el Centro de Estudios Legales y Sociales -CELS– y la Liga de Derechos Humanos, presentaron hoy un recurso de inconstitucionalidad para el decreto 255 del gobernador Gustavo Sáenz. Se trata del decreto que otorga facultades extraordinarias a la Jefa de Policía de la provincia para intervenir como jueza de contravenciones.
Al respecto, Blanca Lezcano, referenta de la Red de Derechos Humanos y Familiares de Detenidos y Desaparecidos de Salta. “Se acaba de presentar en la justicia, estamos esperando que el sistema lo apruebe, pero ya está presentado con todos los requisitos necesarios”, señaló en FM 88.1 destacando el apoyo de instituciones nacionales y de cada uno de los abogados. La medida surgió por iniciativa de las organizaciones que integran la Mesa de Derechos Humanos en Salta.
En referencia al cuestionado decreto de Gustavo Sáenz, explicó: “Si lo hacía pasar por las cámaras no pasaba porque no corresponde. Hace muchos años hicieron la famosa Ley Contravencional que cada vez le daba más atributos a la policía para actuar en cualquier circunstancia. Posteriormente, se modifica para que actúen los fiscales o el defensor de menores. El decreto en cuestión pasa por encima de esta ley, que establece cómo se tiene que hacer el trámite judicial cuando ocurre un hecho en la calle. De nuevo este decreto vuelve atrás”.
Adelantó que seguirán todos los pasos que corresponden y, de ser necesario, apelarán a la Corte Suprema de Justicia. La referenta cuestionó el accionar policial en Salta al aseverar: “Nunca hemos logrado que entienda claramente lo que son los derechos humanos, es gente sin formación. El Ministro de Seguridad- Juan Manuel Pulleiro- ha puesto en la calle a cadetes de policía a los que ni siquiera les paga como corresponde. Hay toda una situación interna en la policía respecto a cómo entender lo que significa la seguridad y la violación de los derechos”.
Por otra parte, sobre la designación de Pulleiro ante la cartera de Seguridad provincial, recordó que se realizó una presentación, “no legal pero sí de denuncia”, y agregó: “No existe el delito en el nombramiento. Si existiera la famosa ley negacionista que se iba a presentar a nivel nacional sería otro el caso porque podría aplicar para muchos. Pero no se logró antes de decretarse la cuarentena”.