SALTA (Redacción) – El norte continúa «sacando los trapitos al Sol». Tras la polémica por el robo de caños del Gaseoducto NEA que tiene en la mira al municipio de Aguaray, ahora se revelaron nuevos nombres implicados en el mismo delito. Recientemente se supo de la imputación del mismísimo Intendente, Jorge Prado. A días de esta noticia, se involucró en la causa a Sergio Leavy y Alfredo Olmedo.
En una entrevista brindada a Aries 91.1 FM, Sergio Heredia, quien es representante legal del Secretario de Hacienda de Aguaray, también imputado en la causa, sostuvo que el robo de cañería se dio sistemáticamente a lo largo de estos últimos años. En este sentido, declaró que hay fincas de Rosario de la Frontera, una de ellas, de la familia del ex diputado nacional Alfredo Olmedo, que tiene cañerías robadas.
Calificando a este negocio ilícito como un “proceder viejo que comenzó en el sur del país”, explicó que los caños se venden a 5 mil dólares en el mercado negro. Por ello, en la entrevista atajó la posibilidad de que esta causa mayor pueda todavía cobrar otra dimensión: la de una “mega causa”, capaz de investigar todos los robos producidos, con caños que pasaron todos los controles en todas las rutas.
Nadie se salva
Asimismo, el abogado dejó entrever la participación de los intendentes – y ex intendentes del Departamento San Martín. “Deberían ser investigados por la Justicia ya que hay causas por robo producidos en Tartagal, Tonono, Rivadavia y Embarcación”, reveló. En este marco, el ex intendente de Tartagal y actual senador nacional, Sergio Leavy, no la sacó barata, ya que el abogado aseguró que el mismo es partícipe de estos ilícitos.
Pero otra cara popular en la grilla de políticos que también ligó, fue la de la Olmedo. “En Rosario de la Frontera hay caños en la finca de la familia Olmedo, hay caños por todos lados”, aseguró Heredia. Por todo ello, y a modo de prueba, el mismo adelantó que pedirá que las distintas intendencias norteñas abran sus archivos para observar los movimientos de autorizaciones y demás acciones que habrían permitido el robo de la cañería.
“A mi humilde entender, cuando no hay control, el Estado, o funcionarios del Estado, están involucrados”, subrayó el abogado, apuntado a la impunidad de los políticos y recordando que esta causa ya contaba con 19 denuncias sin resolución.
