SALTA (Redacción) – Si algo quedará de esta pandemia, será la postura y las decisiones que tomaron los gobernantes. Cada medida ha dado cuenta del perfil de nuestras autoridades. En este marco, el polémico Decreto 255 que impulsó el Ejecutivo provincial de Salta motivó los cruces y reclamos de la comunidad, los legisladores y otros organismos. Es el caso del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) respecto a los abusos policiales.
El Decreto 255 creó el Régimen Especial Sancionatorio. El mismo establece hasta 60 días de arresto, multa monetaria y retención de vehículos. Las sanciones están previstas para quienes transgredan lo dispuesto por el Gobierno en el marco de la emergencia sanitaria por el COVID-19. Según las voces en contra, es controversial. Es por esto que resultó ser el motivo de fuertes críticas por casos de abuso policial tanto en capital como el interior.
Desigualdad y discriminación: la otra cara del Decreto 255
En una entrevista brindada a Profesional FM 89.9, el titular del INADI en Salta, Gustavo Farquarson expresó que la situación socioeconómica de pobreza y exclusión social; la racialización; el rango etario y el género son variables amplificadoras de la desigualdad. Considerando este marco, explicó que «las violaciones y vulneraciones de los derechos humanos se intensifican considerablemente para aquellas personas que se encuentran socialmente identificadas por estas variables”.
En este sentido, señaló que “no es lo mismo ser joven, que ser joven o indígena, o que ser joven, indígena y estar en situación de pobreza».Farquarson hizo referencia a que son especialmente las personas «que integran grupos históricamente vulnerados» quienes sufren en mayor medida el accionar policial cuestionado. Cabe recordar, el violento operativo policial contra una familia qom en Chaco.
Sin embargo, no es la primera vez que el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) delegación Salta se ha pronunciado respecto al accionar policial. De manera previa, lo hizo en un documento. En esta línea, cuestionó el alcance del Decreto 255/20 por el cual el gobernador en el marco de la cuarentena dio amplias facultades a la policía. El organismo puede entonces, detener, juzgar, sentenciar y aplicar penas sin posibilidad de defensa, ni control judicial, vulnerando las garantías constitucionales.
