SALTA (Redacción) – Las denuncias que han realizado tanto la Comisión de Derechos Humanos, con la diputada Jorgelina Juárez a la cabeza y el INADI, por la brutalidad policial que lleva adelante la Policía de Salta, han tomado estado nacional. Con el ministro de Seguridad, Juan Manuel Pulleiro cuestionado, el Ejecutivo Provincial dice que son casos aislados. Sin embargo, en Nación piden acciones concretas contra los casos de violencia policial.
Ahora se conoció que la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, conducida por Horacio Pietragalla Corti, y en conjunto con el director Nacional de Políticas contra la Violencia Institucional de la Secretaría, Mariano Przybylski, presentaron ante la Justicia de la provincia una acción de hábeas corpus preventivo y colectivo a favor de los salteños. Dentro de los principales motivos, se cuestionan las detenciones arbitrarias amparadas por el decreto 255.
Según consigna la información del DDN, desde la sede nacional, entre las numerosas denuncias que se recibieron, se dieron curso a las que dan cuenta de detenciones arbitrarias «a partir de las facultades otorgadas a las fuerzas de seguridad por el Decreto provincial N° 255/2020» firmado por el gobernador Gustavo Sáenz a principios de la cuarentena con el fin de evitar la propagación de coronavirus.
En tanto, los funcionarios nacionales coinciden con las denuncias de los referentes salteños, cuando señalan que el accionar de la policía es sistemático. Hay una “constante amenaza que sufren los ciudadanos de la provincia de Salta, de ser arbitrariamente detenidos por las fuerzas de seguridad, con el consiguiente riesgo para su salud”, detalla parte de la presentación que realizaron.
En tanto, la Secretaría solicitó la intervención judicial a los fines de que se declare la inconstitucionalidad del Decreto Provincial N° 255/2020 y que se le ordene al Gobierno de Sáenz a tomar a bien las recomendaciones nacionales en cuanto al funcionamiento de las fuerzas de seguridad en el marco de la pandemia. También se le recomienda no emitir resoluciones o decretos que pongan en peligro el derecho a la libertad de los ciudadanos.
