SALTA (Redacción) – El aumento de las denuncias por abusos policiales y violencia institucional continúa siendo uno de los principales reclamos de la oposición salteña. Precisamente, el diputado provincial Héctor Chibán se refirió detalladamente a esta controversia. En ese sentido, recordó: «Lo dije desde el primer día: el Decreto 255 es inconstitucional«. «El Gobernador Gustavo Sáenz ha avanzado sobre facultades legislativas que se encuentran expresamente legadas en la Constitución», agregó.
En diálogo exclusivo con SALTA4400, Chibán enfatizó que el Ejecutivo provincial no posee «facultad legislativa en materia penal y tributaria». Además, repudió que el mandatario también le haya «arrogado a la Policía facultades que son propias del Poder Judicial». Al respecto, mencionó a las acciones de «detener, juzgar y sentenciar». «Le han sido dadas inconstitucionalmente a la Policía», exclamó. «Ese ha sido el motivo por el cual hemos pedido en dos o tres oportunidades el tratamiento del Decreto 255 en la Cámara de Diputados», sostuvo.
Decreto 255
En esa línea, el legislador salteño contó que estas gestiones estuvieron a cargo del presidente del bloque radical en la Cámara Baja de la Provincia. Sin embargo, repudió que el debate de esta iniciativa recurrentemente resultó «bloqueado por el oficialismo». Además, advirtió que «luego que se decretó de Necesidad y Urgencia, se ha convertido en Ley, en virtud de lo dispuesto por el artículo 145 de la Constitución». «Se convierte en Ley habiendo trascurrido el plazo de 90 días sin que la Legislatura haya tratado el DNU», amplió.
Ante esta situación, Chibán afirmó que la bancada opositora ha presentado un proyecto para reclamar «la derogación de esa Ley». No obstante, mencionó que el oficialismo provincial también obstaculizó este recurso. «Con el número de diputados que tiene que se niega a debatir ese proyecto», manifestó. Asimismo, lamentó que el Gobierno salteño no haya aceptado la sentencia que emitieron las autoridades nacionales contra este marco normativo.
En ese orden, el diputado provincial remarcó que esta situación implica «una gravedad mayúscula». «Cuando habla un ministro, en este caso la secretaria de Derechos Humanos, el que habla es el Presidente«, recalcó. Frente a este llamado de atención, aseguró que «no queda otra instancia» para que esta reglamentación sea anulada. «Sabíamos lo que iba a ocurrir como consecuencia de empoderar a la Policía a la categoría de juez. Esto es una locura. Han ocurrido múltiples actos de tortura, violencia institucional, que no deben ser soportados de ninguna manera», concluyó.
