SALTA (Redacción) – El escándalo sobre los funcionarios públicos de Salta que solicitaron el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) recién comienza. Como se informó, la justicia de la provincia de Salta se apartó de la causa y se puso a disposición del fuero federal para que lidere la investigación. Por su parte, varios dirigentes que intentaron cobrar el bono de 10 mil pesos realizaron su descargo para argumentar su situación. Cabe apuntar que los primero nombre se conocieron a través del la prensa y podrían aparecer varios más.
Podría haber muchos más casos
Como bien indica el DDN, la fiscal penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos en feria, Verónica Simesen de Bielke, había ordenado de oficio la apertura de una investigación. Y luego dispuso entregar todo lo actuado a la Justicia federal. Sobre los funcionarios que solicitaron el IFE pero fueron rechazados, consideró que podría llegarse a dictar una “tentativa de fraude a la administración pública”. Esto sería en el caso de que se determinara que intentaron inscribirse desde computadoras o celulares que les pertenezcan.
Sin embargo, aclaró sobre el escándalo que sacudió a Salta: “Es una investigación compleja. Y habrá que determinar uno a uno en qué situación se encuentran”. De la misma forma, Simesen de Bielke remarcó que además de los primeros 50 nombres que se conocieron a través de investigaciones periodísticas, se sumaron al menos 12 más. En ese punto de las averiguaciones declaró la incompetencia para la causa y dejó todo en manos de la Fiscalía Federal.
Sueldos bajos, documentos gemelos y acciones legales
Mientras tanto, varios funcionarios implicados aseguran que no se inscribieron para recibir el beneficio que otorga Anses. En primer lugar se puede recordar al concejal de Pichanal, Iván Basterra, quien apuntó contra el intendente de ese municipio, Sebastián Domínguez, porque los ediles cobran 15 mil pesos de sueldo y lo acusó de «abuso de poder». Asimismo, Basterra apuntó directo contra el Gobernador Gustavo Sáenz le reclamó que se haga cargo de los dirigentes que sí cobraron el bono.
Por su parte, el diputado por el departamento Santa Victoria Oeste, Francisco “Chila” Acosta, aseguró que se dirige a Salta capita. Ya que se va a presentar en la Fiscalía y en la Anses con la concejala de Los Toldos, Nicolasa Maras. El dirigente asegura que que en ninún momento intentó anotarse para cobrar el IFE. Además, exige explicaciones de cómo funcionaba el sistema. Por su parte, la edil toldeña había desistido de cobrar su salario dieta del Concejo Deliberante. Eso sería porque era un monto menor que el de la Asignación Universal por Hijo que recibe.
En tanto, la concejala Raquel Gerez, de Río Piedras en el departamento Metán, se mostró indignada por la polémica. Y también viajará a Salta con el objetivo de demostrar que hace varios años denunció la existencia de un documento con números gemelos. De esta manera, su abogado Nicolás Fradejas, aseguró que otra mujer radicada en Avellaneda (Buenos Aires), cobró el IFE. Si bien apuntó que tiene otro nombre, vive con el mismo número de documento que su clienta.
«Le voy a hacer juicio a quien corresponda»
Por último, la funcionaria del Concejo Deliberante de Salvador Mazza, Claudia Subelza, aseveró que radicó una denuncia para que se investigue quien utilizó sus datos “maliciosamente” para difamarla. “Le voy a hacer juicio a quien corresponda”, advirtió. Además, señaló que actuarán de la misma manera los otros dos ediles apuntados porque habrían intentado inscribirse en el IFE, Raúl Arroyo y María Ester Valdiviezo.
