SALTA (Redacción) – A pesar de los pedidos formales, los cortes en las rutas y la actual toma de la Municipalidad, la comunidad wichí aún no recibe respuesta a sus reclamos. El referente de la comunidad, Abel Mendoza, en diálogo exclusivo con Salta 4400, denunció abandono por parte del intendente originario, Rogelio Nerón y por parte del Gobierno de Gustavo Sáenz. Por este motivo, continuarán con la toma de la sede municipal, la cual lleva 4 días.
Durante la conversación, Mendoza señaló la inoperancia del jefe comunal. «Este intendente no está para ayudar, cumplir, no tiene capacidad para gobernar el pueblo». En ese sentido, remarcó que piden la renuncia del mismo y que intervenga el gobernador salteño y mande alguien de su gabinete para que escuche los pedidos de la gente. «Este pueblo no está siendo escuchado», aseveró el referente originario de Santa Victoria del Este.
Con respecto al por qué de su manifestación, indicó que es por tres grandes problemas: hambre, escasez de agua y falta de atención sanitaria por el Covid – 19. Según detalló, esto afecta a 72 comunidades y muchos de ellos están muriendo a causa de esta falta de atención por parte del Estado. «Nuestros niños siguen muriendo, nos están matando, esto es un genocidio», afirmó el representante de la comunidad wichí.
Amenazas de desalojo
Además, del abandono sanitario y económico del Estado hacia esta comunidad, se sumaron las amenazas de desalojo de sus territorios. Este hecho se registró durante el fin de semana del Día del Padre. Las víctimas en esta oportunidad fueron los miembros la pequeña comunidad Imakta Nekye. Según informó el cacique César Solares, se presentaron miembros de la Policía de Salta y amenazaron desalojar a estas personas.
Sin embargo, estas acciones solo se realizaron de forma verbal, puesto que no contaban con un documento legal que les permita hacer eso. Ante ello, los efectivos explicaron que las razones del desalojo eran relacionadas al coronavirus. «La Policía argumenta que en el marco de la pandemia por el COVID 19 tiene la orden de actuar en situaciones de precariedad ocupacional pese a la vigencia de la Ley 26.160. La cual impide los desalojos en territorios indígenas»», relataba el DDN que informaba esta situación.
