SALTA (Redacción) – Era de público conocimiento que el gobierno no la tendría fácil al respecto del monto millonario que pidió a Nación en el marco de la emergencia sanitaria y económica que aqueja a la región. En esta línea, los legisladores se mostraron escépticos al respecto del destino y la justa distribución de la cifra millonaria. Tras un debate apropiado, los diputados lograron conformar una comisión que vigilará de cerca el préstamo de $2100 millones.
El martes diputados dieron media sanción al proyecto de Ley en cuestión. El mismo autoriza al poder ejecutivo a avanzar con el convenio para el préstamo por 2.100 millones de pesos que recibiría Salta. El préstamo emerge por el acuerdo rubricado entre Provincia y el Estado Nacional en el marco del Programa para la Emergencia Financiera que caracteriza a todo el país.
Según se estableció, el dinero estará destinado a compensar la caída de la recaudación provincial, cumplir con obligaciones financieras heredadas de la gestión anterior y para atender necesidades sanitarias por la pandemia del COVID-19. De hecho, la recaudación de la Provincia no es de las mejores y la crisis tira todavía para largo en torno a una compensación económica.
Sin cabos sueltos y con un seguimiento minucioso
En una entrevista brindada a FM Profesional 89.9, el diputado provincial, Héctor Chibán, indicó cuál fue la condición de la oposición para poder apoyar esta iniciativa. Precisamente, puntualizó en la conformación una comisión de seguimiento en tiempo real. El objetivo precisamente es controlar la gestión e implementación del crédito. Se hará lo mismo con la renegociación de la deuda que involucra a las autoridades provinciales.
El diputado por la UCR, indicó que fue uno de los coautores de incorporar esta comisión. A su vez, aclaró que tanto él como su par Claudio del Plá, que representa al PO, son los que votaron en contra de tratar la iniciativa sobre tablas. Los legisladores en cuestión consideraban que debía ser tratado primero en las comisiones correspondientes. Allí se lograría establecer los procedimientos necesarios que den claridad, transparencia y legitimidad al tratamiento.
