SALTA (Redacción) – Todavía no se materializaron las consecuencias políticas contra los funcionarios y ediles que buscaron percibir el monto extraordinario de 10 mil pesos. Sin embargo, los referentes de varios municipios ya se manifestaron al respecto. Entre ellos, indicaron qué sanciones podrían caer sobre los concejales de San Lorenzo que tramitaron el IFE. Igualmente, aseguraron que los dos señalados tendrán derecho a defenderse.
De acuerdo con lo que consigna la FM 88.1, el presidente del Concejo Deliberante local, Juan Pablo Dávalos, se pronunció acerca de esta situación. En primera instancia, afirmó que las gestiones que efectuaron Melisa González, y José Reynaga figuran la base de datos de ANSES. Ante ello, destacó que la dependencia nacional aceptó el trámite realizado por la dirigente. Asimismo, confirmó que otra inscripción resultó denegada por el sistema.
San Lorenzo
De cara a las próximas jornadas, Dávalos ratificó que ambos ediles cuenta con lapso de cinco días para defenderse de las acusaciones ante el cuerpo legislativo. Igualmente, adelantó cuál es la postura que mantendría cada uno en esta futura instancia. Por una parte, contó que González ya negó haber ejecutado esta gestión. «Dijo que directamente no lo pidió», sostuvo. Sin embargo, apuntó que la edil posteriormente reveló que «lo cobró y lo gastó en la gente».
En tanto, el titular del Concejo Deliberante de San Lorenzo insistió en que «Reynaga dice que enseñó a varios vecinos a hacer la solicitud». Particularmente, esta explicación se encuentra en línea con el testimonio que el concejal le había brindado a SALTA4400 días atrás. Por entonces, el político señalado expuso: «Les enseñé a muchos amigos mío. Les mostraba como se anotaba el CUIL. Puse Enter y se envió el correo. Esa fue la mala maniobra mía de haber tenido esa acción y estar involucrado en esto».
«Por eso nosotros estamos esperando las pruebas de cada concejal, y de ahí el Concejo va a determinar», afirmó. A su vez, Dávalos mencionó que el organismo ya le solicitó un pedido de informe a ANSES. Acerca del proceso de investigación, expresó que después de las defensas se analizarán las eventuales sanciones que podrían recibir ambos. A manera de adelanto, aludió que los castigos podrían oscilar entre la retención del salario y la destitución. «La gente está esperando un gesto de la política», aseveró.
