El escándalo por el robo de caño del Gasoducto Noa – Nea en Agaray, no deja de generar encontronazos entre los diputados provinciales. Más de dos sectores están en pugna por este tema, por un lado los radicales que no dejan pasar un solo momento para enrostrarle al Gobierno, que el intendente acusado por el robo, Jorge Prado, pertenece a su espacio partidario, aunque nació al calor político de Sergio Leavy. Justamente, los partidarios del “Oso” presentaron ante la Cámara un pedido para la intervención de Aguaray.
La solicitud de interrupción institucional, fue interpretada por los oficialistas y varios opositores como un intento desesperado del Partido de la Victoria por despegarse de Prado. De hecho el pedido de intervención ni siquiera se discutió en Labor Parlamentaria Lo que generó un intercambio de fuertes argumentos. Pero, lo cierto, es que a la hora de los votos, si no se cuenta con el apoyo del oficialismo, la intervención del Gobierno provincial al municipio tendrá que esperar o no llegará nunca.
Ramón Villa, fue uno de los primeros en entrar al terreno de las acusaciones. Aseveró que los diputados oficialistas estaban “en coordinación” con el gobernador, Gustavo Sáenz para evitar la intervención. Desde las redes sociales, Héctor Martín Chibán también cargo contra los diputados oficialistas y contra el gobernador. “El oficialismo salteño volvió a bloquear en la Cámara de Diputados el tratamiento de la intervención del Poder Ejecutivo del municipio de Aguaray ¿Quedan dudas de que son más de lo mismo?”, señaló el parlamentario radical.
La que puso la cara, y un poco más, para defender al gobernador en la sesión virtual fue Socorro Villamayor, sostuvo que el interés del Partido de la Victoria, era “sobre actuado” y además interesado. La diputada mostró en su pantalla una foto de Leavy junto a Prado, durante la última campaña política. Además aseveró que el kirchnerismo está tan apurado por aplicar el remedio constitucional al municipio norteño porque “quieren despegarse de este hecho bochornoso”.
El otro que sostuvo una postura contraria a la intervención d Aguaray con argumentos, al menos, atendibles, fue Javier Diez Villa. El diputado insistió que esta medida debe ser la última opción, porque es una resolución que no puede ser revocada. Esto quiere decir que una vez que el intendente sea depuesto de su cargo si se comprueba que no tuvo participación en el hecho, no podrá ser restituido. No obstante no descartó la idea de una interrupción institucional, sólo señaló que se debe hacer un concienzudo análisis previo.