SALTA (Redacción) – Con el impacto de la pandemia de Coronavirus, el interior de Salta, explotó como una pava en ebullición. No sólo los casos positivos continúan haciendo estragos, sino además los casos de corrupción o irregularidades que hacen de los funcionarios el blanco. Es el caso del municipio de Aguaray, que captó la atención de todo el país por el robo de caños del gasoducto NEA.
Fue a principios de año, tras una nota periodística de medios del interior provincial, cuando se conoció que el intendente de Aguaray, Enrique Prado, había vendido caños pertenecientes a la obra del gasoducto NEA. La ejecución de éstos estaba en manos del gobierno nacional. De hecho, funcionarios de altas jerarquías a nivel nacional, se vieron salpicados por esta investigación.
Ante este panorama, la fiscalía federal intervino, logrando hasta el momento secuestrar 300 caños. Los mismos fueron vendidos por el jefe comunal a empresarios de Quilmes. Tanto Prado como el titular de la empresa que compró estos caños, están imputados en la causa. Sin embargo, es de público conocimiento que continúa siendo el Intendente a pesar de los pedidos de algunos ediles para destituirlo.
¿Punto seguido o punto y aparte?
En este marco, el fiscal federal Eduardo Villalba aclaró que el primer plazo de la investigación vence a fines de mes, pero se pedirán nuevas medidas. En el programa 53G, el fiscal federal adelantó que “antes de fin de año” se podría elevar la causa a juicio. Explicó que el plazo de investigación se vence a fines de agosto. A pesar de ello, antes que finalice el 2020, esperan realizar la acusación correspondiente contra los involucrados.
Destacó que “la responsabilidad del intendente es clara, dado que los caños son bienes del estado inajenables”. Asimismo, agregó que los empresarios de Quilmes, indicaron que compraron los caños “de buena fe” lo cual desacredita puesto que estos son identificables teniendo incluso limadas las series. De esta manera, la causa podría avanzar a pesar de que otra vez, la Cámara de Diputados no discutió la intervención del Ejecutivo de Aguaray .
De hecho, la diputada Socorro Villamayor, reconoció que el robo de los caños del gasoducto NEA es escandaloso y acusó al Frente de Todos de querer despegarse de Enrique Prado. Sus expresiones vienen a colación de los dichos que dejaron entrever que el oficialismo se abocaba a encubrir al intendente Prado en el marco de esta causa escandalosa.
