SALTA (Redacción) – La agenda pública tiene una lista negra teñida de materias pendientes, tan históricas como la historia misma de Salta. A pesar de los intentos por mostrarnos adaptados a los tiempos modernos, la Provincia se muestra parte de un intento fallido; el «prueba y error» que expone una mixtura propia de una época colonial fusionada con la contemporaneidad. Así las cosas, a los trotes, los salteños tratan de acomodarse a ambos escenarios, tan contradictorios como difíciles de asimilar. En ese intento, perecen las calles que todavía no encuentran definición frente a las emergentes bicisendas, hoy en boca de todos.
La infraestructura vial, es un reclamo que lleva tantas décadas como el crecimiento urbano. Puntualmente, en la ciudad de Salta, el deplorable estado de las calles es una queja masiva y recurrente. Con sólo hacer un poco de memoria es posible enumerar los barrios fundados hace décadas en los que todavía no se hizo ni el cordón cuneta; barrios que coleccionan cráteres, asfaltos millonarios que no duran ni dos meses, adoquines mal emplazados. De igual forma, podemos ver calles de ripio que con las primeras lluvias se convierten en ríos desbordados.
4000 cuadras que precisan atención, pero que sólo 160 podrían recibirla
Bettina Romero, la flamante intendenta de la Ciudad, llevaba cinco días al frente del ejecutivo municipal cuando en una entrevista exclusiva con El Intransigente trazó un diagnóstico tan gráfico como desesperanzador. “Aproximadamente son 4.000 las cuadras que hoy en Salta necesita pavimentarse y tenemos un presupuesto que solo permite 160”.
En el marco de un déficit habitacional declarado por las propias autoridades y una emergencia de la que cientos de vecinos se hacen eco pidiendo viviendas, la penosa realidad se potencia. A medida se desarrollen más urbanizaciones, más serán las pavimentaciones que queden pendientes hasta Dios sabe cuándo. Cuando asumió Bettina Romero, el cálculo arrojaba que llevaría 25 años terminar de pavimentar la totalidad de los barrios de la ciudad, siempre teniendo en cuenta el último presupuesto municipal.
Un presupuesto que se hace agua entre salarios y servicio de recolección de la basura
En esa línea, la intendenta explicó que el 85% del presupuesto municipal se consume para gastos corrientes. Otro gasto importante es el del servicio de recolección de residuos tan repudiado en estos últimos días. Mientras tanto, el margen para inversiones en materia de obra pública queda acotado al 15%. Por ello, sentarse y diferenciar los gastos de las inversiones es hoy una materia imperante.
Vale recordar que su antecesor y actual gobernador, Gustavo Sáenz, cuando en una entrevista televisiva en 2016 llegó a decir que “las calles de Salta parecen Kosovo”. Más atrás en el tiempo, en 2014, el por entonces intendente Miguel Isa aseguraba: “el principal problema de la ciudad es el estado de las calles”. Tras él, una deuda mayúscula en materia de infraestructura pública.
La desigualdad, la única cuadra pavimentada
En el año 2015, la Encuesta Permanente de Hogares que monitorea el INDEC confirmaba que en la Distribución de Ingresos, Salta se ubicó como la provincia con más inequidad del país. «El 10% de la población con menos recursos recibía por entonces el 1,2% del ingreso bruto». Mientras tanto, la décima parte más rica se quedaba con el 35,3%».
Aunque la relación no se pueda ver a simple vista, existe un nexo entre una garantía de derechos y servicios básicos respecto de las posibilidades que se tengan a futuro en materia de crecimiento y condiciones dignas. Las calles, el alumbrado público, las cloacas, son parte de la urbanización necesaria para generar inclusión de verdad; una inclusión que no se agota en las palabras y promesas de campaña.
Cuando el pavimento llega a un barrio eleva la calidad de vida de miles de vecinos, fortalece los lazos comunitarios y mejora el acceso a servicios básicos. A su vez, revaloriza espacios verdes, mejora la seguridad ciudadana y estimula la radicación de nuevos comercios. Si bien las bicisendas son parte de una modernización ecológica, civilizada y sanitaria que muchos ciclistas demandan, es real que no hay cambio verdadero de la noche a la mañana.
En este sentido, la inversión de un millón de pesos por kilómetro de bicisendas quizás pueda hacer perseverar la cultura vehicular. Por ejemplo, en materia de derechos y obligaciones por parte de todos los actores de la vía pública. Sin embargo, su aplicación responsable, estratégica y planificada podría ser mejor recibida, en el marco de un intento que busca «conectar la ciudad» a cuestas de una desigualdad visible; inequidad que es posible palpar con sólo adentrarse en las afueras de las principales avenidas de la capital.
