SALTA (Redacción) – La medida dispuesta por Nación que busco llevar contención a los grupos más vulnerables y que hizo del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) el foco de la polémica, tiene resultados. Finalmente, luego de una larga investigación, se pudo establecer quiénes solicitaron y quiénes cobraron el beneficio a sabiendas de que no les correspondía por su tener un cargo público.
El fiscal federal a cargo del área de Investigación y Litigación de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Salta, Ricardo Toranzos, formalizó ayer la imputación. La mismas tiene en el blanco a 17 concejales de 15 localidades diferentes y a un empleado del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación que habrían cobrado indebidamente el IFE. El fiscal acusó a los funcionarios públicos por los delitos de defraudación a la administración pública e incumplimiento de sus deberes.
La audiencia y las pruebas presentadas
La formalización de la imputación transcurrió durante una audiencia virtual que se extendió por más de tres horas. Durante la misma, el fiscal expuso las pruebas que acreditan la participación de los acusados en los hechos. Participaron a distancia los imputados y sus abogados defensores, y el juez federal de Garantías 1 de Salta, Julio Bavio, quien la supervisó.
Luego de escuchar a las partes, Bavio dispuso en primer término formalizar la imputación penal tal como lo requirió la fiscalía, pues consideró que el caso presentado es “sólido y provisto de numerosa prueba documental”. Dispuso además que el plazo de investigación se extienda por noventa días, y fijó un embargo en 60 mil pesos para los imputados.
En la audiencia, el fiscal Toranzos sostuvo que la investigación se inició a partir de la difusión el 23 de julio pasado de una investigación de periodistas de la radio FM Noticias de Salta. La misma puso en evidencia el cobro irregular del IFE por parte de distintos funcionarios públicos, la mayoría de ellos concejales de distintas localidades de la provincia.
La investigación
Tras el pedido de informes a la oficina central de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), el organismo entregó un detallado reporte sobre las personas que habrían cobrado de manera irregular dicho beneficio. Posteriormente, se solicitó al juez de garantías una segunda diligencia. Ésta última permitió a los investigadores del Área de Casos Complejos y No Penal verificar en las mismas oficinas de la ANSES el camino virtual que realizaron los sospechados a fin de cobrar el IFE.
Asimismo, el fiscal se refirió a otras pruebas producidas. Entre ellas, figuran cotejos requeridos a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) respecto a los ingresos de los imputados y sus empleadores. El representante del MPF señaló que aún se encuentran pendientes otras medidas de prueba. Por ello, una vez concluidas, permitirán conocer más detalles de los trámites realizados por los imputados.
A pesar de cobrar sueldos de más de $20.000, cobraron el IFE
Toranzos indicó que la disposición del beneficio es clara y que, sin embargo, los acusados la cobraron. De esa forma, dijo, incumplieron con el juramento realizado al asumir en la función pública. El fiscal sostiene que estos imputados conocían que no podían cobrarlo, ya que se encuentran en una relación laboral de dependencia y son funcionarios públicos. En muchos casos, explicó el fiscal, lo percibieron en dos ocasiones.
Añadió que las pruebas producidas dejaron en claro no sólo los trámites que realizaron los imputados, sino el medio por el cual percibieron irregularmente tal beneficio. A su vez, el fiscal también señaló el sueldo que percibía cada uno de ellos, curiosamente oscila entre los 20 y 60 mil pesos, en concepto de haberes abonados por el Estado.
El fiscal indicó que las pruebas producidas dejaron en claro no sólo los trámites que realizaron los imputados, sino el medio por el cual percibieron irregularmente tal beneficio. Por todo esto, el fiscal también solicitó un embargo para cada uno por la suma de 100 mil pesos. El fin pretendido era cubrir los daños causados y las costas del proceso.
Respecto a las medidas de coerción, el fiscal requirió, por ahora, el compromiso de los acusados de someterse al proceso y no obstaculizar la investigación penal en curso, para la cual pidió un plazo de treinta días hábiles, en vista de lo avanzado del caso.
La voz de las defensas
En su turno, las defensas, tanto oficial como particular, coincidieron en rechazar el monto del embargo, el cual consideraron excesivo. Además, solicitaron un plazo de investigación de 90 días, en vista de que muchos de los acusados reservaron su declaración para otra etapa del proceso. Asimismo, muchos de los acusados, a través de sus defensas, informaron que ya restituyeron el dinero percibido a través del IFE.
Uno de ellos, por ejemplo, señaló que el trámite fue realizado por su ex pareja, sin su consentimiento. El mismo recordó que al tomar conocimiento del cobro indebido, esa persona -dijo el imputado- decidió adquirir mercadería que entregó a un comedor de su localidad.
Lista de imputados
Las personas imputadas son los concejales de las siguientes localidades que se consignan junto a sus nombres: Jesús Ernesto Cuellar (Urundel); Luis Carlos Coronel (El Carril); Paola Sandra Cantarella (Pichanal); María Del Valle Torres (Rivadavia banda Norte); Fernando Leandro Gerónimo (Payogasta); Gabriela Elizabeth Cazón (Aguas Blancas); Franco Marcelo Córdoba (San Antonio de los Cobres); Melisa Mónica González (San Lorenzo); Marta Beatriz López (Orán); Ricardo Alberto Díaz (Colonia Santa Rosa); Nicolasa Maraz (Los Toldos); Nancy Valeria Quiroga (Santa Victoria Oeste); Jimena Antonieta Ordóñez (Aguaray); Javier Héctor Chauqui (Angastaco); y Alexandra Ludmila Borujow, Héctor Rogelio Fernández y Ninfa Noemí Rojas (El Quebrachal).
También fue imputado Luis Alberto Hosel, empleado del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación.
