SALTA (Redacción) – Hace unos días, el Gobierno de Salta decidió presentar un amparo contra la clínicas privadas de la provincia. Según explicaron, esto se debe a una derivación injustificada de pacientes al sector público, negando la atención en sus instalaciones. Este jueves, el Fiscal penal en turno, Ramiro Ramos Ossorio, remitió su dictamen al Juzgado de Garantías 2, en feria. Asimismo, solicitó datos pertinentes sobre la situación de saturación del sistema de salud y el listado de obras sociales y empresas de medicina prepaga que hubieran denegado la cobertura o el acceso al servicio de salud privada.
En ese sentido, indicó que «corresponde requerir e incorporar los informes solicitados que permitan evaluar la incidencia de las derivaciones de pacientes con diagnóstico positivo para COVID, al sector de salud pública promovidos indebidamente». Con estos informes, podrán acreditar la situación de saturación que la Fiscalía de Estado describió.
La Fiscalía de Estado había solicitado al Juzgado interviniente que se condene al efectivo cumplimiento de prestaciones y asistencia médica a pacientes con COVID-19. Esta cobertura debe estar sujeta a los términos y condiciones en que debe brindarse el servicio en relación a aquella enfermedad en sus establecimientos. Específicamente, esto permitirá garantizar el derecho a la salud y de incidencia colectiva sobre la población.
Información insuficiente
El Gobierno de Salta había presentado una lista de los hospitales y clínicas privadas que operan en la provincia y un informe del COE para respaldar su denuncia. Este informe contenía detalles sobre la situación de emergencia epidemiológica en el ámbito del servicio de salud pública provincial. No obstante, el Juzgado indicó que no brindó precisiones sobre los hechos que lo motivaron. Tampoco se presentaron pruebas que acrediten prima facie los incumplimientos que se atribuyeron a las clínicas y sanatorios privados.
En ese sentido, solicitaron que se presente datos oficiales que acrediten la existencia de la «saturación» en el sistema de salud provocada por la derivación sistemática de pacientes desde el sector privado. A partir de esta información podrán corroborar si efectivamente asistieron esas instituciones y fueron derivados a instituciones públicas. Asimismo, Ramos Ossorio considera indispensable una lista de los ciudadanos diagnosticados que asistieron a las clínicas. Esta debe contener los datos de la obra social que rechazó brindar la cobertura y el tiempo que se lo atendió en el sector público.