SALTA (Redacción) – ¿Realmente aprendieron? ¿Desde marzo hasta ahora hicieron la tarea? ¿La conectividad estuvo a la altura de las exigencias? Estas son algunas de las preguntas claves que interpelan el debate por el retorno a las aulas que por estas horas nuclea la atención de las autoridades y la comunidad misma. La vuelta de las clases presenciales deja de ser una idea para convertirse casi en un hecho. Pero, ¿Qué hay de Salta?
El regreso de forma parcial y escalonada a las aulas para los alumnos del último año del primario y del secundario, dependerá de cada jurisdicción. A su vez, la evaluación de los aprendizajes obtenidos por el sistema virtual son los temas centrales que se esperan anuncien este jueves el Consejo Federal de Educación (CFE). Mientras tanto, hoy continuará el debate con los ministerios de salud de cada distrito.
En #InformadosDeTodo por @AmericaTV dialogamos con @horariocabak sobre cuál es el propósito del índice epidemiológico que presentaremos esta tarde a los ministros y ministras de las 24 jurisdicciones. pic.twitter.com/jAYfZD4rzR
— Nicolás Trotta (@trottanico) October 6, 2020
Ya lo dijo el Ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, no sería necesaria una vacuna para volver a clases. De allí que emerge la propuesta del “semáforo epidemiológico» sobre Covid-19. Este índice epidemiológico, permitirá fijar los parámetros para avanzar o retroceder en las clases presenciales según la situación sanitaria puntual. Se trata entonces, de un semáforo que prenderá luces de alerta baja, media o alta. De esta manera, se espera poder determinar cuándo es el momento adecuado para abrir las escuelas.
Cabe señalar que la prioridad para el regreso, la tendrán los alumnos más perjudicados, los que perdieron el contacto con sus docentes, y los que finalizan un ciclo (primario o medio). Sin embargo, la situación varía dónde se ponga la lupa en materia sanitaria. Si bien la educación se vio afectada por igual y con mayor énfasis en espacios rurales, no todos se rigen por el mismo criterio.
Sin ir más lejos, las provincias que ya regresaron, y han podido sostener la reapertura, son: La Pampa y Formosa. San Juan, Catamarca y Santiago del Estero dieron marcha atrás por el aumento de casos que no estuvieron relacionados con la actividad escolar.
En Salta no están dadas las condiciones
Mientras tanto, en la provincia de Salta, tanto los gremios docentes como el Ministerio de Educación se mostraron evasivos y negaron esta posibilidad. En el discurso común yace la idea de que las condiciones epidemiológicas no están garantizadas en la provincia. Entre los principales reclamos figuran además: la falta de condiciones de bioseguridad y epidemiológicos, la escasez de personal e insumos. Sumado a ello, la voluntad dependerá de los padres en la decisión de que sus hijos asistan a pesar del riesgo.
Desde el Ministerio de Educación provincial se dijo que “no habrá cambios en Salta” a pesar de que la intención es volver a cierto grado de presencialidad. “La situación epidemiológica no lo permite”, aseguraron. Cabe recordar que Salta registró hasta ayer 433 decesos y 13.844 contagios confirmados. A ello se suman los 8 departamento de la Provincia que tienen transmisión viral confirmada.
Así las cosas, todo parece indicar que el tema clases y evaluación de lo aprendido tendrá que esperar hasta el 2021 en el Norte, mientras que las mesas de diálogo y las técnicas continúen buscando soluciones. Mientras tanto, son miles los alumnos que hacen de su hogar su escuela y de los padres los docentes autodidactas que les tocó ser. ¿Es una garantía? ¿Qué hay de los efectos psicosociales de los niños?
El tiempo y las evaluaciones que empiecen a tener lugar darán cuenta de ello, aunque los expertos y educados del sector ya advirtieron que el no retorno a clases conlleva un gran riesgo. De la misma manera, cada vez son más quienes reclaman la legitimidad de las instituciones educativas. Una olla a presión. Pero como bien dijo Trotta, la última decisión, la tendrá cada jurisdicción. Eso implica también las responsabilidades, deslizando así los posibles costos sanitarios y políticos, en el caso de tener que dar marcha atrás.