SALTA (Redacción) – En el marco de la causa por el robo de caños del gasoducto NEA, el juez federal de Garantías de Orán, Gustavo Montoya, dictó la prisión preventiva del ex intendente de Aguaray, Jorge Enrique Prado. Como bien se informó, el arrestó tuvo lugar a pedido del fiscal general, Eduardo José Villalba, quien advirtió que el exjefe comunal podría «entorpecer una serie de medidas de pruebas aún pendientes». Del mismo modo, señaló que la situación de Prado «es cada vez más comprometida».
Toda la investigación inició en abril por la denuncia de un empleado de esa obra, indicó el Ministerio Público Fiscal de Salta. Luego, el 18 de mayo iniciaron las imputaciones, que incluyen a diez acusados. Además, de Prado un exfuncionario y un empresario también fueron detenidos en las últimas jornadas. Sobre el robo millonario que se registró en Aguaray, las autoridades de la Justicia destacaron que ya se recuperaron 260 caños.
Por otra parte, el fiscal Villalba sostuvo que a medida que la causa avanza, la situación del exintendente es cada vez «más comprometida y la expectativa de que reciba una condena con prisión efectiva aumentó notablemente». Es por esto que recomendó la detención para evitar una posible fuga. Además remarcó que la medida es para juntar pruebas que se encuentran pendientes, ya que de lo contrario «ello se vería frustrado».
El aumento del patrimonio de Prado
Luego, sobre el peligro de fuga, Villalba explicó que entre las nuevas evidencias reunidas hay informe de depósitos bancarios. «Prado cuenta con un fuerte patrimonio que le permitiría solventar su fuga», agrega el argumento del fiscal. En este sentido revelaron un reporte brindado por una entidad bancaria de una cuenta a nombre del ex intendente. En el año 2018, cuando Prado era secretario de Medio Ambiente municipal, tenía un ingreso de 2.148.000 pesos.
No obstante, al año siguiente se agregó un monto de 1.300.000 pesos y en este 2020 sus ingresos se incrementaron más, ya que registró otro monto de 1.495.00 pesos. Esto, según el fiscal Villalba, evidenciaría que Prado ya «había comenzado a percibir dinero por la maniobra que luego puso en marcha en detrimento del Estado». Por estas pruebas, el juez Montoya coincidió con el fiscal y dispuso finalmente la prisión preventiva.
Robo calificado y fraude a la administración pública
En tanto, el martes durante la primera de tres audiencias, la fiscalía presentó la ampliación de la acusación penal en contra de Prado. Así como también contra su ex secretario de Hacienda Fredy Céspedes y el empresario mendocino Diego Alos, dueño de la firma OSYP SA. Esto es debido por los delitos de robo calificado, fraude a la administración pública y falsificación de instrumento privado respecto a los hechos ocurridos en abril.
De esta manera, Villalba repasó el origen de la investigación penal abierta por el robo de caños del Gasoducto NEA. Y describió que era una “obra estratégica destinada a beneficiar a más de tres millones de personas”. “No sólo eso sino también estaba previsto que este gasoducto se convierta en una base energética para un futuro desarrollo industrial”, insistió. Recordó que en Salta están pendientes 130 kilómetros de cañería, siete de los cuales será difíciles de concretar debido a los caños que se robaron.
«Empresa criminal”
Por otra parte, Villalba imputó al empresario Alos por robo de 52 caños que extrajeron del Gasoducto que luego se vendieron al empresario Matías Rossi, quien también está imputado en el caso. A esta cifra se deben sumar otros 22 caños que también sacaron de Aguaray, pero que se recuperaron cuando eran trasladados en dos camiones que terminaron detenidos por Gendarmería Nacional en Mosconi.
Finalmente, el fiscal Villalba en la ampliación de la acusación se centró en Prado y Alos, a quienes marcó como los organizadores de “esta empresa criminal”. Allí señaló que ambos estaban en la pirámide de la organización, porque idearon la “mentada” resolución 1215/19, que ya estaba “horneada” antes de que Prado asumiera como intendente. Algo que evidencia que el ex jefe comunal y el empresario ya tenían todo planeado.
Sobre las nuevas pruebas que sostiene la ampliación de la acusación, Villalba informó que uno de los imputados accedió a un acuerdo de colaboración con la fiscalía en calidad de “imputado colaborador”. Por esto aportó datos contundentes para la causa. Este imputado colaborador reconoció que lo contrató por Alos para el robo de 161 caños, una maniobra que se concretó en abril pasado. Y señaló que recibió de Prado 800 mil pesos para pagar a los transportistas y maquinarias necesarias para extraer y trasladar los caños.
