SALTA (Redacción) – En el marco de la investigación por el robo de caños del Gasoducto del NEA, la Justicia confirmó este miércoles la prisión preventiva del ex intendente de Aguaray, Jorge Prado. Si bien la defensa del dirigente desplazado planteó que la medida era «desproporcionada», primó la postura de la fiscalía por el peligro de fuga y la obstrucción procesal. El fiscal que lleva la investigación describió que se trata de uno de los mayores escándalos de corrupción de la región que tuvo alcance nacional.
Esta medida se confirmó en una audiencia de impugnación a cargo de la Sala II de la Cámara Federal de Apelaciones de Salta. Por esta razón, seguirá vigente la prisión preventiva del ex intendente de Aguaray que se dispuso el 18 de noviembre. Cabe recordar que lo determinó el Juez Federal de Garantías Gustavo Montoya, a instancia del Fiscal General Eduardo José Villalba, quien lleva adelante la investigación, por el robo de caños del Gasoducto del NEA.
Cabe recordar que en esta causa el fiscal también amplió la acusación penal en contra del ex secretario de Hacienda del municipio, Fredy Céspedes y del empresario mendocino Diego Alos, dueño de la firma OSYP SA. En este sentido, la acusación penal se amplió por delitos de robo agravado, defraudación a la administración pública y falsificación de instrumento privado. Allí la fiscalía presentó nuevas pruebas que comprometieron aún más la situación de Prado, Céspedes y Alos.
Los detalles que brindó el fiscal
Precisamente, se los acusa como los principales responsables de una organización criminal que tuvo como objeto «la desafectación de bienes del Estado Nacional». Sin embargo, al momento no descarto la existencia de otros delitos, como el de peculado y enriquecimiento ilícito. Y de esta manera, el fiscal sostuvo que de llegar surgir elementos probatorios al respecto, se planteará en su momento su derivación a la justicia provincial. Además, en los próximos días se tomarán distintas testimoniales de personas que podrían ser influenciadas de manera negativa por Jorge Prado.
Cabe apuntar que el fiscal Villalba señaló que el caso se trata de uno de los «mayores escándalos de corrupción de la región e incluso tuvo alcance nacional». En este sentido, en la investigación hay 11 imputados, algunos de ellos empresarios radicados en Buenos Aires. Luego, indicó que el plazo de la prisión preventiva, de 20 días, es «absolutamente razonable». “Se tomó fondos del Estado para destruir al Estado. Y ¿para qué? Para el provecho de intereses privados de dos o tres personas, quienes planearon de antemano y al detalle la maniobra utilizada para desafectar los bienes rapiñados. En este caso los caños de más de 7 kilómetros del Gasoducto GNEA”, detalló.
El fallo de los jueces
Por su parte, tras una breve deliberación, los jueces decidieron mantener vigente la prisión preventiva de Prado. Asimismo rechazaron los planteos de incompetencia respecto al delito de peculado, ante la posibilidad latente de la existencia de nuevos delitos. En tanto, el magistrado Elías indicó que la decisión respecto a la prisión preventiva fue por mayoría. Ya que el juez Castellanos se inclinó en favor de otorgarle a Prado una medida alternativa de coerción, como la de la prisión domiciliaria.