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POLÍTICA

Represión de la Policía de Gustavo Sáenz contra pueblos originarios en Cachi

La Jueza de Garantías, Claudia Puertas, dio orden de intervención en una finca de Las Pailas.

pueblos originarios
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SALTA (Redacción) – Momentos de extrema tensión se vive en la localidad de Cachi. La Policía de Gustavo Sáenz comenzó una represión contra los pueblos originarios apostados en finca en Las Pailas. La jueza de Garantías 8, Claudia Puertas, dio orden para intervenir el lugar y sacar a las personas de ahí. Por su parte, las comunidades sostienen que no están usurpando tierra, ya que les pertenece por derecho ancestral.

Todo comenzó con la denuncia por usurpación de la supuesta propietaria de la finca en Cachi, Florencia Wayar. Sin embargo, un grupo de 30 originarios indicaron que esa tierra les pertenece y que desde hace 10 años esperan respuesta de la Justicia para que este asunto quede solucionado. A pesar de estas aclaraciones, la Jueza de Garantías 8 dio la orden de intervención para sacarlos del lugar.

Esta lamentable situación la informó la Unión de los Pueblos de la Nación Diaguita Salta mediante su cuenta de Facebook. Allí, contaron que la Policía de Gustavo Sáenz comenzó una represión indiscriminada en territorio que les pertenece y que todo se hizo con el aval de las Fiscalía Penal local y provincial. «En el ataque la Policía reprime con balas de gomas y detiene a un menor», publicaron.

Además, señalaron que procedieron a secuestrar de forma ilegal pertenencia de los pueblos originarios que estaban en el lugar. «El accionar policial protege a los usurpadores territoriales, para que continúen con sus tareas de intromisión en territorio Comunitario», reclamaron, haciendo referencia a que ellos son los verdaderos dueños de las tierras.

Un reclamo de derechos

Las comunidades señalan que las autoridades hacen caso omiso a la orden judicial del juzgado Nº 8 y pretende desconocer el Derecho Originario. En ese sentido, recalcaron que se trata de derechos constitucionales que tienen como pueblos preexistentes. «Exigimos el pleno cumplimiento de nuestros derechos y solicitamos la inmediata implementación de la medida de no innovar ordenada por la provincia», finalizaron.

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