SALTA (Redacción) – El intendente de Rosario de la Frontera, Gustavo Solís, se encuentra imputado por los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, en tres hechos, fraude a la administración pública y cohecho. A partir de una investigación periodística se notificó la falsificación de facturas en el municipio. También es apuntado el dirigente del Frente de Todos por contratos de obra pública irregulares.
Por estos motivos, la fiscal penal Verónica Simesen de Bielke, requirió la elevación a juicio de la causa. Así lo solicitó ante el Juzgado de Garantías del Distrito Judicial Sur – Metán. En sus fundamentos, señaló que «está acreditada la existencia del ilícito endilgado y la responsabilidad penal del acusado». Cabe recordar que el jefe comunal de Rosario de la Frontera, fue imputado el 21 de diciembre de 2020.
Los detalles sobre los cargos contra Solís
Como bien apunta el Ministerio Público: «Las actuaciones iniciaron tras la publicación de una noticia criminis el 26 de febrero de 2020. De la que surgió la falsificación de facturas en el municipio». Desde ese momento, y con un pedido de informe a la Auditoria General de la Provincia, se realizó una auditoría financiera y de legalidad en Rosario de la Frontera. Esto se realizó sobre el período 2017. Y de esa investigación surgieron las irregularidades.
Sobre el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público, las autoridades explicaron: «El imputado desplegó conductas contrarias a las leyes y ordenanzas. Al llevar a cabo la contratación de Mirta Verónica Corimayo». Esta persona tenía medidas cautelares en su contra, sobre las cuales «fue debidamente informado el acusado», según consta en expedientes judiciales.
En este sentido, aseguran que la contratación de Corimayo: «Encuadra dentro del incumplimiento de las normas de prevención de lavado de dinero del Banco Central de la República Argentina. Estas reglas «prohíben la emisión de cheques por sumas inferiores cuando el monto de los anticipos así lo permiten, como ocurrió en este caso».
Además, indica el Ministerio Público Fiscal, que se tiene acreditado que el intendente imputado «aceptó facturas duplicadas». «Por lo que incumplió las disposiciones de la Administración Federal de Ingresos Públicos, relacionada con la emisión obligatoria de facturas electrónicas», detallaron. Por otra parte, sobre el fraude a la administración pública indicaron que Solís «emitió en 2017, una resolución que dio por rescindido en forma unilateral el contrato con Corimayo. Sin arbitrar medida alguna tendiente al resarcimiento por la desvinculación unilateral».
Perjuicio al patrimonio municipal
«Todo ello, pese a que la contratista percibió fondos en concepto de anticipos, lo que causó un claro perjuicio al patrimonio municipal», detalló la fiscal. Por ende, a Gustavo Solis le atribuyeron un segundo hecho por el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público. «Al efectuar 12 contrataciones directas de obra pública con una fundación, sin que se verificaran los requisitos establecidos por la normativa vigente», apuntaron.
Por otra parte, apuntaron que el jefe comunal incurrió en el delito de cohecho. A raíz de una denuncia y de un audio se descubrió que le prometió al presidente de una fundación una suma de dinero a cobrar por cada metro cuadrado que se ejecutara. «La propuesta era de un precio de $163 por metro cuadrado. De los cuales, si el contratista facturaba todo, debía entregar la suma de $93 por metro cuadrado a Solís. Y solo le quedarían $20 como condición para suscribir las contrataciones. Ello permitió verificar el dolo del imputado», detalló la fiscal Simesen de Bielke.
Finalmente, el intendente Solís también incurrió en el delito de incumplimiento de deberes de funcionario público. Este delito se dio por contratos de obra pública con otra persona que no estaba inscripta en el Registro de Contratistas de la Provincia. La suma involucrada es de $10.819.777,50. Precisamente, hizo contratos con una persona física que, del 23 de mayo de 2017 al 10 de mayo de 2018, presentó 99 cheques rechazados. Todo esto por un monto de $22.608.759.03.
Esto último lo señala un informe del Banco Central de la República Argentina. El intendente lo habría realizado sin verificar la situación financiera del contratado. Además de que emitió cheques en incumplimiento de las normas de prevención de lavado de dinero emitidas por el Banco Central.
