POLÍTICA

Vacunados VIP en Salta: cuando el ciudadano vale menos que un funcionario

Las crisis de alcance social tienen la virtud de exponer los mejores y los peores costados de los hombres.

SALTA (Redacción) – Las crisis de alcance social tienen la virtud de exponer los mejores y los peores costados de los hombres, en particular de aquellos que tienen responsabilidades públicas. Son los momentos en que se evidencia si la función es verdaderamente una carga pública, un servicio, o se utilizan para servirse de los mismos. Así es el caso de los Vacunados vip en Salta.

La pandemia del Coronavirus tuvo ese efecto precisamente, cuando ni bien llegadas las vacunas al país y en medio de notables desprolijidades salió a la luz que los funcionarios de la primera línea del Gobierno nacional habían accedido a vacunarse violentando la escala de ciudadanos de riesgo y como salteadores al amparo de la clandestinidad. Ese escándalo le costó el cargo al ministro de Salud de la Nación.

Ahora resulta que en la provincia de Salta ese mismo escenario de tráfico de influencias se repite, aderezado además con la confesión pública del propio ministro de Salud de la provincia, Dr. Juan José Esteban, de que habría incurrido en la flagrancia del nepotismo salteando a personal sanitario que espera hace años su nombramiento para ubicar a consanguíneos y allegados, según parecería, además vacunados también.

Los nombres que se juegan en esta retorcida disposición de vacunas pertenecen todos al círculo más cercano al gobernador, Gustavo Sáenz, quienes además ni siquiera se acercan a las condiciones y necesidades estipuladas para resultar primeros en la vacunación.

La cuestión es que con no ser suficiente que entre los nombrados –y como lo adelantara el Portal Salta4400- se cuente Pablo Outes, hombre inmediato al manejo del poder después del gobernador, Antonio Hucena, casi en línea sucesiva al anterior, y como según revelaran Agustín Poma y Alexis Miranda, también se inscribiría entre los vacunados María Florencia Suazo Ruiz, la supersecretaria de Outes que actúa bajo el rimbombante membrete de Subsecretaria de Articulación y Fortalecimiento; en definitiva, ninguno de los nombrados ni en edad de riesgo ni cumpliendo funciones en áreas estratégicas de la salud. Todo con el agravante de que mientras la resolución de Presidencia de la Nación sobre la administración de las vacunas fue publicada en el mes de febrero de este año, los funcionarios y allegados, ya se habrían vacunado en el mes de enero.

Más allá del gobierno propiamente dicho el listado de inmunizados registraría el nombre de Juan Carlos Romero y su señora, Bettina Marcuzzi, y como no podía ser de otra manera siempre que de aparecer en listas se trata, se consignaría a Santiago Manuel Godoy y su consorte, apenas la punta del iceberg cuyo volumen bajo el agua se guardaría sigilosamente en las oficinas del CIF. Si bien en el caso de estos últimos nombrados el apuro por inocularlos se justificaría en razón de su edad, igualmente el hecho de que no hayan llamado al 148 sino a un amigo del poder, que no hayan hecho fila ni gastado tiempo en esperas como todos, rompe también el principio de igualdad de todos ante la ley y se convierte en un privilegio, sin duda.

A la clara situación de injusticia social que esto significa, el ministro de Salud, Esteban, le agrega una dosis de simpleza o de caradurez, depende cómo se lo quiera ver, hablando de “vacunaciones estratégicas”, con lo cual denuncia que para el gobierno de Sáenz lo “estratégico” pareciera ser una discrecionalidad subjetiva. De ser así, el viejo axioma peronista de que en este país “los únicos privilegiados son los ancianos y los niños” ha sido vulnerado denunciando que estos funcionarios de peronistas no tienen absolutamente nada.

Ahora, la pregunta más inquietante es ¿Reaccionará Gustavo Sáenz como el presidente de la Nación apartando a su ministro de Salud? Porque de no hacerlo el ciudadano puede deducir que el gobernador estaba al tanto de esta irregular situación y la consintió lo cual echa por tierra su discurso; o bien, si no lo sabía, se demostraría que sus ministros y secretarios de Estado toman decisiones “sotovoce” sin que el Mandatario se entere. No se sabe cuál de las dos situaciones encierra mayor peligro para la sociedad salteña.

Lo peor que podría pasar es que no pase nada, lo cual significaría la entronización en el gobierno de la hipocresía, el acomodo y desprecio al electorado, de donde este gobierno habría migrado de ser democrático a convertirse en una recalcitrante oligarquía.

Esta situación a pocos meses de una elección les puede traer consecuencias más peligrosas que no haberse vacunado.-

Que estarían justificados por la edad pero no la forma de privilegio

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