SALTA (Redacción) – El intendente de Rosario de la Frontera, Gustavo Solís, recibió un nuevo revés judicial en la causa que lo tiene imputado por fraudes millonarios. Un magistrado de Salta determinó el rechazo del pedido de nulidad que solicitó la defensa del dirigente del Frente de Todos. Cabe recordar que la fiscal del caso aseguró que tras la investigación: «Está acreditada la existencia del ilícito endilgado y la responsabilidad penal del acusado».
El Juzgado de Garantías 1 del Distrito Judicial Sur – Metán resolvió no hacer lugar a la solicitud de nulidad planteada por la defensa técnica de Gustavo Solís. Esto es en la causa requerida a juicio por la fiscal penal Verónica Simesen de Bielke. El jefe comunal de Rosario de la Frontera está imputado por tres hechos que lo señalan por incumplimiento de los deberes de funcionario público. También se lo acusa de un millonario fraude a la administración pública y cohecho.
«Está acreditada la existencia del ilícito»
De este modo, en fallo indicaron: “De manera alguna se vulneraron los derechos del imputado en torno a la intervención del Ministerio Público Fiscal”. Este era el cuestionamiento de la defensa. «Ya que la garantía constitucional es de ‘Juez natural’, cuya competencia se encuentra expresamente consignada en el código de procedimiento, que le exige actuar en resguardo de las garantías constitucionales durante todo el trámite del proceso», explicaron las autoridades.
Por otra parte, desde el Ministerio Público recordaron que la causa fue requerida a juicio a finales de febrero por la fiscal penal Verónica Simesen de Bielke. La funcionaria sostuvo en sus fundamentos que está acreditada «la existencia del ilícito endilgado y la responsabilidad penal del acusado». Gustavo Solís terminó imputado el pasado 21 de diciembre de 2020 por supuestos fraudes millonarios en el distrito que dirige.
En este sentido, las actuaciones empezaron luego de la publicación de una «noticia criminis» en febrero de 2020. De allí surgió la presunta falsificación de facturas en el municipio. Luego, realizaron un pedido de informe a la Auditoría General de la Provincia. Donde informaron que el área de control realizaba en ese momento una auditoría financiera y de legalidad en el Ejecutivo Municipal de Rosario de la Frontera. Esto era por el período 2017, del que posteriormente surgieron las irregularidades.
