SALTA (Redacción) – En las últimas jornadas se desató una fuerte polémica en Salvador Mazza por una ordenanza del Concejo Deliberante y el posterior veto del intendente Rúben Méndez. La iniciativa de los ediles era para dos personas que padecen leucemia y necesitan fondos para su tratamiento médico. En este contexto, el Ministerio Público Fiscal ordenó una investigación sobre el caso y esto habría generado el malestar de varios intendentes del interior por la «judicialización» de sus facultades.
En este sentido, según revelaron a Salta 4400, habría varios jefes comunales que lamentan y consideran «extraño» que se cuestione o investigue judicialmente una atribución constitucional propia de cualquier intendente. De esta forma remarcarían que son facultades consagradas en las cartas orgánicas municipales. En este caso la posibilidad de veto de una ordenanza que aprobó el Concejo Deliberante. Además, señalarían que no fue promulgada.
Las ordenanzas «son para cuestiones generales»
Además, según indicaron las fuentes calificadas a este medio, los cuerpos legislativos podrían en todo caso, insistir en la aprobación de las ordenanzas y la posterior promulgación con la mayoría agravada de los dos tercios para que ya no hay veto posible. Y un punto importante que reclamarían varios intendentes del interior es que se utilice una ordenanza para solicitar una ayuda económica para solo dos familias.
«Las ordenanzas regulan cuestiones generales y no particulares. En todo caso por ordenanza se podría crear un fondo con la respectiva partida presupuestaria a toda una generalidad de personas que presenten determinada patologías y condiciones. Y no 2 casos concretos», detallaron este medio. En caso contrario apuntan que la vía adecuada son las secretarias de Desarrollo Humano y Direcciones de Acción Social que tienen algunos municipios.
Como bien se informó, los concejales de Salvador Mazza sancionaron una ordenanza para brindarle 15.000 pesos mensuales a Yenny Barroso. Se trata de la madre de un niño de 5 años con leucemia. También sería beneficiario un joven de 27, José Luis Soruco, vecino de un paraje de Salvador Mazza que padece la misma enfermedad. Estos fondos que vetó el jefe comunal serían para gastos de traslado y alojamiento mientras dure el tratamiento médico de ambas personas.
La investigación que empezó el Ministerio Público
Como bien se informó esta jornada, el procurador general de la Provincia, Abel Cornejo, dispuso crear una Unidad Fiscal de Investigación. «Creada tras las publicaciones periodísticas de distintos medios en contra del actual intendente de Salvador Mazza. De las que surgió que el jefe comunal vetó una ordenanza que solicitaba al Ejecutivo Municipal una ayuda económica destinada a dos familias cuyos hijos padecen de leucemia», argumentó el titular del organismo. Cabe mencionar que esta Unidad Fiscal estará integrada por la fiscal penal de Derechos Humanos, Verónica Simesen de Bielke. Y por el fiscal penal 1 de Tartagal, Pablo Cabot.