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POLÍTICA

Otro fallo judicial contra el intendente Gustavo Solís en la causa por fraude

El intendente de Rosario de la Frontera enfrenta una causa por facturas truchas y la fiscal ya solicitó que se eleve a juicio por el delito de fraude.

El intendente de Rosario de la Frontera enfrenta una causa por facturas truchas y la fiscal ya solicitó que se eleve a juicio por el delito de fraude.

SALTA (Redacción) – El intendente de Rosario de la Frontera, Gustavo Solís, se encuentra está imputado por «incumplimiento de los deberes de funcionario público», en tres hechos. También se lo acusa de «fraude a la administración pública y cohecho» por un caso de facturas truchas en el distrito. En tanto, esta jornada recibió un nuevo fallo judicial en su contra sobre la defensa que plantearon sus abogados. El dirigente del Frente de Todos enfrenta la causa desde diciembre del año pasado.

«El Juzgado de Garantías 1 del Distrito Judicial Sur – Metán, resolvió no hacer lugar a la solicitud planteada por la defensa técnica», detallaron desde el Ministerio Público Provincial. Otro dato que remarcaron es que la causa está requerida a juicio por la fiscal penal Verónica Simesen de Bielke. Del mismo modo señalaron que las actuaciones contra Gustavo Solís iniciaron tras la publicación de una noticia el 26 de febrero de 2020.

«Existencia del delito»

En las versiones periodísticas surgió la falsificación de facturas en el municipio de Rosario de la Frontera. Por su parte, la funcionaria Simesen de Bielke solicitó el juicio porque en sus fundamentos aseguró que «está acreditada la existencia del ilícito endilgado y la responsabilidad penal del acusado». Durante la investigación se realizó un pedido de informe a la Auditoría General de la Provincia. Allí se realizó una auditoría financiera y de legalidad en ese distrito por el período 2017, «del que posteriormente surgieron irregularidades», remarcaron.

Los detalles del fallo judicial

Por otra parte, sobre el revés judicial que recibió el intendente, los magistrados explicaron que se debió al descargo por escrito. «Solicitó al Ministerio Público Fiscal que tuviera presente hechos relatados y se ordenara la evacuación de citas sobre sus manifestaciones. Lo hizo de manera genérica y sin especificar las diligencias que resultaran pertinentes y útiles», apuntaron los jueces que intervienen en la causa

«La defensa adujo que esas diligencias consistían en la verificación de una batería de circunstancias, al menos 43, a las que se refirió el imputado en su declaración», agregaron. No obstante, el juez consideró que «el imputado y sus defensores pudieron proponer y ofrecer pruebas de manera detallada y no genérica como lo hicieron».

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