SALTA (Redacción) – El presidente del Concejo Deliberante de Orán, Lucas Tévez, se encuentra imputado en un caso de abuso que tiene por la denuncia de una ex empleada de prensa del recinto legislativo. Ahora, por la determinación de un juez de esa ciudad el dirigente irá a juicio aunque la fecha no está determinada. Cabe recordar que había enfrentado un juicio político ante sus pares pero votaron para que siga en su cargo.
En este sentido, el edil Lucas Tévez es titular del cuerpo deliberativo desde hace dos años. Primero las denuncias eran por acoso y luego se presentaron demandas por abuso sexual. Así lo acusó Yanela Gutiérrez, una trabajadora de prensa del Concejo Deliberante de Orán. Según denunció, en ese ámbito es donde se desarrollaron los hechos. En este marco, esta semana se conoció que la causa en contra del dirigente llegará a juicio.
Un proceso acelerado a pesar de la pandemia
En tanto, las denuncias por abuso se concretaron durante el 2020 y la pandemia hizo más lento el trámite judicial. No obstante, la imputación contra Lucas Tévez se hizo efectiva. Durante el pasado mayo, la fiscal penal de Violencia de Género y Delitos contra la Integridad Sexual de las Personas de Orán, María Soledad Filtrín Cuezzo, requirió ante el Juzgado de Garantías 1 del mismo Distrito, el juicio contra el titular del Concejo Deliberante.
Allí la funcionaria precisó que se encuentra imputado por la supuesta comisión del delito de abuso sexual simple continuado, en perjuicio de una mujer mayor de edad. Como se mencionó, el auto de elevación a juicio lo emitió el 15 de junio el juez de Garantías de 1ra. Nominación de Orán, Dr. Francisco Oyarzú. En este falló apuntó: “Que atento a las constancias de estos obrados, se advierte que existe plena concordancia entre los hechos atribuidos al imputado».
«Y el derecho aplicable en el decreto de citación a audiencia de imputación de la investigación penal preparatoria, con los hechos descriptos y el derecho aplicable en el requerimiento de remisión a juicio formulado oportunamente por el Ministerio Público Fiscal, dándose consecuentemente en este caso, el respeto absoluto del principio de congruencia exigido en el proceso penal”, remarca el magistrado Oyarzú.
