SALTA (Redacción) – Cafayate atraviesa por un complicado panorama político. Es que su intendente, Fernando Almeda, está enfrentando un proceso de juicio político por parte de los miembros del Concejo Deliberante. Esto se debe a que los ediles encontraron varias irregularidades en su gestión, entre las que se encuentran la malversación de fondos, defraudación y mal desempeño de sus funciones. Por este motivo, piden su destitución.
El concejal cafayatense, Facundo Guzmán, brindó detalles sobre la situación del mandatario municipal mediante una entrevista radial. «Todo surge tras algunas denuncias penales en su contra», explicó. Y además, el legislador contó que existen otras por “inobservancia, ocultamiento de información y la falta de contestación de informes” a los miembros del Concejo Deliberante local.
Guzmán detalló que a todo este prontuario se suman entre otras, obras inconclusas en el barrio Finca el Socorro II y la adquisición de una adoquinera en el 2016. Esta última dejó de funcionar tres años más tarde e incluso estuvo a punto de cedérsela a un empresario de Cafayate. Esta larga lista de irregularidades, llevó al intendente a enfrentar un juicio político y quedar al borde de la destitución.
La imputación Almeda pudo concretarse gracias al accionar de la fiscal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Ana Inés Salinas Odorisio. Según explicó el concejal, se dio inicio a este proceso, luego de que la fiscal finalice un informe de su inspección ocular realizada en el Loteo Finca El Socorro II, una de las propiedades involucradas.
Otras denuncias
Guzmán contó que en el pedido de enjuiciamiento también figura una lista de pedidos del Concejo hacia el municipio, que nunca obtuvo respuestas. Además, figuran varias decisiones que tomó el intendente de Cafayate, que no fueron consultadas ante el cuerpo deliberativo. Se trata de una falta bastante importante, ya que omite por completo el poder de control que tiene este organismo por sobre el Ejecutivo municipal.
