SALTA (Redacción) – Durante la última sesión el Concejo Deliberante de Salta el principal tema que se debatió es el contrato de la gestión de Bettina Romero con una firma de Buenos Aires por las fotomultas. Todos los ediles coincidieron en suspender el convenio menos uno de los dirigentes. Mientras tanto, se aprobó un proyecto de ordenanza que adhiere a la ciudad a la Ley Nacional de Acceso a la Información Pública (27.275).
Entre varios puntos, el proyecto mencionado busca: «Garantizar el efectivo ejercicio del derecho de acceso a la información pública«. Así también el texto indica que el fin es «promover la participación ciudadana y la transparencia de la gestión pública». Cabe mencionar que esta ley ya tiene la adhesión de la provincia desde diciembre del 2019. Sin embargo, aún no cuenta con su respectiva reglamentación del Ejecutivo.
“Mejora la calidad de las instituciones»
Cabe mencionar que la adhesión a la normativa la impulsó el concejal José Gauffín, de Juntos por el Cambio. Cuando tomó la palabra sostuvo que la Ley se basa sobre «principios fundamentales». Allí mencionó: «La presunción de publicidad, la transparencia y máxima divulgación. Máximo acceso a la información y la informalidad para su acceso». Además. consignó que su aplicación “mejora la calidad de las instituciones y la participación de la comunidad”.
Según detallaron desde el Concejo Deliberante, el edil agregó que la ley nacional “se apoya en dos ejes fundamentales». «En primer lugar, promover la participación ciudadana, que es una demanda de la sociedad. Y la segunda es la transparencia en la gestión pública”, resumió. Del mismo modo instó al Municipio a que “proceda rápidamente a su reglamentación”. Este expediente llegó al recinto luego de obtener el dictamen de la Comisión de Legislación General.
Por otra parte, el concejal salteño resaltó que en la Provincia y la ciudad “se torna muy difícil a veces cuando remiten copias de documentos con planillas que son ilegibles». Por esta situación, Gauffín consideró que su digitalización y publicación “le dará transparencia a los actos públicos». «Así como al acceso a un derecho ciudadano de solicitar y acceder a la información de los actos del Estado», concluyó.
